SANTO DOMINGO.– Luego de extensas jornadas en las que se escucharon los planteamientos de varios encartados, concluyó la audiencia preliminar del denominado caso Intrant, en el que figuran como principales señalados Hugo Beras y Jochi Gómez, acusados de un presunto entramado fraudulento en perjuicio del Estado relacionado con la adjudicación e implementación de un sistema semafórico. El proceso queda ahora a la espera de que se determine si pasará a la etapa de juicio de fondo.
La decisión recae sobre la magistrada Yanibet Rivas, titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien optó por reservar su dictamen para el próximo cinco de mayo a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público sostuvo, mediante un comunicado, que el expediente reúne los elementos suficientes para sustentar una apertura a juicio, asegurando que durante la fase preliminar fueron presentadas evidencias “contundentes” que respaldan las imputaciones por corrupción administrativa.
Por su parte, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, afirmó que las defensas intentaron desviar la atención del tribunal y de la opinión pública mediante argumentos carentes de sustento probatorio, calificando dicha estrategia como una “cortina de humo”.
Ortiz enfatizó que el órgano acusador logró demostrar cada uno de los señalamientos contra Beras, Gómez Canaán y los demás implicados, subrayando que las defensas evitaron abordar elementos clave como conversaciones vía WhatsApp que, según dijo, evidencian que la licitación ya habría sido asignada antes de formalizarse el proceso.
A su juicio, estos elementos configuran un esquema de defraudación al erario, en el que se habrían manipulado procesos contractuales para favorecer a proveedores previamente vinculados, a cambio de beneficios económicos.
Posturas enfrentadas en el estrado
Durante su intervención, Gómez rechazó las acusaciones, calificándolas de infundadas. Alegó que los recursos percibidos por su empresa desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre fueron inferiores a la inversión realizada en equipos, personal y tecnología.
Sostuvo que la empresa asumió la totalidad de los costos operativos sin aporte estatal y que, pese a una deuda que cifró en más de 700 millones de pesos, continuaron prestando el servicio para evitar la afectación del sistema público.
Asimismo, manifestó que sus viajes al exterior durante el proceso obedecen a motivos familiares y denunció ser objeto de persecución por negarse, según dijo, a ceder sus equipos a las autoridades.
En tanto, la defensa de Beras, representada por el abogado Nassef Perdomo, sostuvo que el Ministerio Público no logró refutar los argumentos presentados a favor de su cliente, señalando además inconsistencias en la acusación, como la imputación de un supuesto sabotaje al sistema semafórico cuando, afirmó, Beras ya no ocupaba funciones en el Intrant.
Acusaciones y entramado
El expediente incluye cargos por corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos tecnológicos, actos considerados como terrorismo contra infraestructuras y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que, mediante acuerdos irregulares con empresas como Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se habría facilitado el acceso privilegiado a recursos públicos, utilizados presuntamente para desviar fondos y ejecutar maniobras de blanqueo de capitales, en detrimento de los principios de transparencia y legalidad.
Junto a los principales acusados, figuran otros exfuncionarios y particulares vinculados al caso, entre ellos Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, así como Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Concluida esta fase, el proceso entra en un punto crucial, a la espera de la decisión judicial que definirá si el caso avanza hacia un juicio de fondo.