Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto emitir este lunes 15 de junio su decisión sobre la solicitud de apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quienes enfrentan cargos de homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento, hecho que provocó la muerte de más de 200 personas y dejó decenas de heridos.
La resolución será adoptada por el juez Raymundo Mejía, luego de evaluar los planteamientos expuestos por el Ministerio Público, los abogados de las víctimas y la defensa de los imputados durante las distintas audiencias celebradas en el marco del proceso.
En la más reciente jornada judicial, familiares de las víctimas y sobrevivientes del desplome comparecieron ante el tribunal para exigir justicia y responsabilidades por la tragedia ocurrida en el reconocido centro de entretenimiento.
El Ministerio Público sostiene que dispone de evidencias suficientes para que los hermanos Espaillat enfrenten un juicio de fondo por su presunta vinculación con los hechos. Ambos fueron detenidos el 12 de junio de 2025 tras ser interrogados por las autoridades y posteriormente quedaron sometidos a medidas de coerción mientras avanzaban las investigaciones.
Durante el proceso han sido presentados informes técnicos con conclusiones divergentes sobre las causas del siniestro. Un peritaje independiente atribuye el colapso a fallas constructivas y al deterioro progresivo de la estructura, descartando que una sobrecarga fuera el factor determinante. En contraste, un informe elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) señala que el desplome se originó por un fallo en las vigas, asociado presuntamente al peso adicional de equipos e instalaciones incorporados al techo en años recientes.
Mientras tanto, integrantes del Movimiento Jet Set han solicitado una modificación en la calificación jurídica del caso, proponiendo que pase de homicidio involuntario a homicidio voluntario, bajo el argumento de que las circunstancias ameritan una sanción más rigurosa.
La decisión, fijada para las 10:00 de la mañana, marcará un punto crucial en uno de los expedientes judiciales de mayor impacto y atención pública registrados en el país en los últimos años.