SANTO DOMINGO.– El abogado Miguel Surún Hernández, representante legal de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y querellante en el proceso judicial por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), expresó fuertes críticas a la decisión que sustituyó la prisión preventiva de la imputada Ada Ledesma por arresto domiciliario, vigilancia electrónica y garantía económica.
A juicio del jurista, la resolución emitida por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional podría marcar un punto de inflexión negativo en el desarrollo del caso, al considerar que envía una señal que podría favorecer solicitudes similares por parte de otros encartados.
Surún Hernández sostuvo que la modificación de la medida de coerción constituye un precedente preocupante y advirtió que la sociedad espera que las investigaciones concluyan con sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos atribuidos a los implicados.
“Prácticamente se han abierto las puertas para que todos terminen regresando a sus hogares”, manifestó, al expresar su preocupación por el rumbo que podría tomar el proceso judicial.
Asimismo, rechazó la posibilidad de eventuales acuerdos o negociaciones entre las partes involucradas, argumentando que este tipo de mecanismos suele generar cuestionamientos sobre la efectividad de la persecución penal en casos de corrupción administrativa.
El abogado también señaló que mantiene la expectativa de que las investigaciones continúen profundizándose y permitan identificar a otros posibles involucrados en el supuesto entramado de irregularidades detectado en la institución.
En contraste, el abogado defensor de Ada Ledesma, Gustavo de los Santos, respaldó la decisión adoptada por el tribunal y sostuvo que la prisión preventiva aplicada inicialmente resultaba excesiva frente a las circunstancias particulares de su representada.
Según explicó, durante la audiencia fueron presentadas evaluaciones y estudios médicos que evidencian un delicado cuadro de salud, incluyendo afecciones cardiovasculares y una condición de esclerosis en la aorta, situación que, a su entender, justificaba una revisión de la medida cautelar.
El defensor afirmó que dichos elementos permitieron demostrar que la permanencia de la imputada en un recinto penitenciario podría representar riesgos significativos para su integridad física, especialmente ante la posibilidad de una emergencia médica que requiriera atención especializada.
De acuerdo con la defensa, el juez Deiby Timoteo Peguero fundamentó su decisión exclusivamente en las nuevas pruebas médicas aportadas al expediente, valorando además las limitaciones del sistema penitenciario para responder oportunamente a una eventual complicación cardiovascular.
Como resultado, el tribunal dispuso sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, complementado con presentación periódica ante las autoridades, el uso obligatorio de un grillete electrónico y una garantía económica ascendente a RD$20 millones, medidas orientadas a garantizar la comparecencia de la imputada durante el desarrollo del proceso.