SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó al Gobierno una explicación clara sobre las muertes registradas durante operativos policiales y pidió investigaciones exhaustivas ante las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, al considerar que la protección de la ciudadanía debe ejercerse con respeto al derecho fundamental a la vida.
Durante una rueda de prensa, el dirigente peledeísta Temístocles Montás informó que la organización ha verificado 55 fallecimientos atribuidos a actuaciones policiales. Asimismo, citó denuncias de la Organización Nacional de los Derechos Humanos, que sostiene que más de 180 personas habrían muerto en intervenciones de agentes del orden durante los primeros meses del año.
Montás manifestó preocupación por los señalamientos de personas que presuntamente habrían sido ejecutadas luego de entregarse o quedar bajo control de las autoridades. Indicó que, de confirmarse esas circunstancias, podrían constituir graves violaciones de los derechos humanos y dar lugar a responsabilidades penales.
El PLD reconoció que los miembros de la Policía Nacional están facultados para proteger su integridad y la de terceros frente a amenazas reales e inminentes. No obstante, advirtió que esa prerrogativa no justifica el empleo de fuerza letal contra personas que ya no representen un peligro inmediato.
Responsabilidad del Estado
La organización también se refirió a la responsabilidad del presidente Luis Abinader en la supervisión de las políticas de seguridad ciudadana, al recordar que la Constitución dominicana, en su artículo 255, establece el marco institucional de la Policía Nacional bajo la autoridad del Poder Ejecutivo.
Por su parte, el dirigente José Dantés consideró necesario establecer si las muertes denunciadas obedecen a conductas individuales de determinados agentes, fallas estructurales dentro de la institución o prácticas irregulares que pudieran haber sido toleradas.
Sostuvo que la falta de una orden directa para cometer ejecuciones no descarta posibles responsabilidades relacionadas con deficiencias de supervisión, omisiones en la prevención de actuaciones ilegales o ausencia de sanciones cuando corresponda.
En ese sentido, el partido exigió al Gobierno informar si dispone de mecanismos efectivos para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y ofrecer detalles sobre los resultados de las investigaciones abiertas en torno a los fallecimientos denunciados.
Llamado al respeto de los derechos humanos
En una posición coincidente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, respaldó la persecución de quienes infringen la ley, pero subrayó que las actuaciones policiales deben ajustarse a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana.
El debate vuelve a colocar en el centro la necesidad de que las políticas de seguridad ciudadana combinen la prevención y persecución del delito con el respeto a la vida, el debido proceso y las garantías fundamentales.