
NACIONES UNIDAS. – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analizó la crisis de Haití durante su sesión 10246, en la que se abordaron los avances en los preparativos electorales, el recrudecimiento de la violencia criminal y el ataque contra soldados salvadoreños desplegados en el país caribeño.
La reunión estuvo marcada por la condena al ataque perpetrado un día antes contra militares de El Salvador adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), quienes fueron atacados con disparos y explosivos en Puerto Príncipe cuando regresaban de un mercado local. El incidente dejó a cuatro sobrevivientes en paradero desconocido, según el informe presentado.
La situación de seguridad continúa siendo crítica. Entre julio y septiembre de 2026 se documentaron alrededor de 1,000 personas asesinadas y un centenar de víctimas de secuestro, además de elevados niveles de violencia sexual y la expansión de grupos de autodefensa.
Las bandas criminales han ampliado sus operaciones y represalias contra comunidades rurales y urbanas, incluidas zonas de Artibonite, Gressier y la capital, con el propósito de dificultar la recuperación del control territorial por parte del Estado.
Avances en el proceso electoral
En el ámbito político, Carlos Ruiz Massieu destacó que los preparativos electorales han alcanzado un dinamismo no registrado en la última década. Entre los pasos recientes figura la publicación, el 6 de octubre, de un decreto electoral revisado.
Más de 35 partidos políticos y 3,500 candidatos se han inscrito en el proceso, reflejando la participación de distintos sectores nacionales. Las nuevas disposiciones amplían los plazos de registro, facilitan las candidaturas femeninas e incorporan la inscripción electoral por vía digital.
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre una resolución para preservar la imparcialidad de los funcionarios públicos y sancionar el uso de recursos estatales con fines proselitistas. Sin embargo, se advirtió que el calendario electoral debe responder a evaluaciones logísticas realistas para evitar un deterioro de la confianza ciudadana.
Despliegue de la fuerza internacional
Jack Christofides informó que la fuerza internacional cuenta con más de 2,000 efectivos procedentes de seis países contribuyentes, una cifra que representa poco más de un tercio de la dotación total autorizada.
Explicó que las principales dificultades están relacionadas con el traslado de equipos pesados, vehículos blindados, sistemas de comunicación y capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, indispensables para ampliar las operaciones.
Pese a esas limitaciones, se han establecido bases de operaciones avanzadas en Artibonite, Delmas y otros puntos estratégicos, desde donde se realizan patrullajes conjuntos con la Policía Nacional de Haití para contener la actividad de las pandillas.
En operaciones recientes fueron detenidas 26 personas, aunque una proporción significativa tuvo que ser liberada debido a las limitaciones estructurales del sistema de justicia penal haitiano.
Asistencia logística y financiera
Daniela Kroslak expuso las medidas de la oficina de apoyo de las Naciones Unidas (UNSA) para mejorar la cadena de suministro y reducir los costos operativos. Entre ellas, destacó la coordinación de rutas de transporte aéreo estratégico con socios internacionales, incluidos la República Dominicana, Panamá y Francia.
La entidad trabaja en la habilitación de ocho bases logísticas y operativas para respaldar el aumento progresivo de efectivos previsto para finales de 2026.
Durante la sesión también se insistió en la necesidad de incrementar las contribuciones al fondo fiduciario de la fuerza y al fondo de dividendos para la paz. Los participantes subrayaron que las operaciones de seguridad deben acompañarse de programas de desarme, desmantelamiento y reinserción (DDR), así como del cumplimiento estricto de las normas de derechos humanos.
Solución requiere más que operaciones militares
El Consejo de Seguridad reiteró que las acciones de seguridad, por sí solas, no resolverán la crisis haitiana. La estabilización duradera dependerá de que las autoridades recuperen el control territorial, restablezcan los servicios públicos esenciales y promuevan un diálogo político inclusivo con respaldo de la comunidad internacional.