La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ciudadanos de República Dominicana y de otros 28 países han sido víctimas de trata de personas y otras violaciones de derechos humanos, tras ser captados mediante engaños para incorporarlos a las fuerzas armadas de Rusia.
De acuerdo con un informe de la comisión, desde 2024 se ha utilizado un esquema de reclutamiento basado en falsas ofertas de empleos civiles con salarios elevados y atractivas prestaciones. Sin embargo, una vez que los extranjeros llegan a territorio ruso, son presionados para firmar contratos militares redactados en ruso, en muchos casos sin comprender sus condiciones.
La investigación, sustentada en testimonios de más de 240 víctimas, establece que los reclutadores frecuentemente confiscaban los pasaportes y teléfonos de los hombres, limitando su capacidad para comunicarse, traducir los documentos o abandonar el proceso.
Las víctimas tenían entre 18 y 60 años y procedían, en su mayoría, de comunidades vulnerables, con dificultades económicas, desempleo y bajos niveles educativos.
Además de dominicanos, la comisión identificó nacionales de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Botsuana, Camerún, Ghana, India, Jordania, Kenia, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Túnez, Türkiye, Uganda, Uzbekistán, Yemen y Zimbabue.
Falsas ofertas de empleo
El informe describe dos modalidades de captación: el contacto de personas que residían fuera de Rusia y el reclutamiento de extranjeros que ya se encontraban en ese país.
En el primer caso, las víctimas eran atraídas mediante anuncios publicados en redes sociales que ofrecían puestos como guardias de seguridad, conductores, mecánicos, electricistas, obreros de la construcción, soldadores, transportistas y técnicos. También se ofrecían oportunidades en áreas especializadas como informática, medicina, deporte y agricultura.
Los reclutadores se presentaban como representantes de empresas legítimas o respaldadas por gobiernos y gestionaban visados, documentos de viaje y traslados. En los casos de República Dominicana, Colombia y Perú, algunos fueron instruidos para viajar sin visado, bajo documentación que presentaba el desplazamiento como una excursión turística a Turquía o Rusia.
Las propuestas incluían salarios elevados, alojamiento, la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa y una pensión al finalizar el servicio. Algunos candidatos también recibieron cartas de invitación y garantías escritas de que no serían enviados al frente de guerra.
Pese a esas promesas, una vez en Rusia eran entregados a las autoridades militares y presionados para firmar contratos por un año con el Ministerio de Defensa.
Amenazas y restricciones a las víctimas
La comisión señaló que la mayoría de los reclutados carecía de experiencia militar y no dominaba el idioma ruso, lo que les impedía comprender los documentos que debían firmar. Quienes se negaban eran sometidos a coacciones y amenazas.
El informe recoge el testimonio de un hombre que aseguró que, después de intentar resistirse, fue llevado a otro lugar, donde dispararon contra cuatro personas y le advirtieron que él sería el siguiente si no firmaba.
Tras la contratación, algunos recibían entrenamiento militar básico durante varios días o hasta un mes. Posteriormente, eran desplegados en el frente de guerra en Ucrania, donde se les asignaban tareas peligrosas. La comisión indicó que algunos han muerto o desaparecido.
También documentó irregularidades con los pagos. Según los testimonios, a varios reclutas les entregaban tarjetas bancarias, pero agentes o personal militar presuntamente retenían otras tarjetas o confiscaban las existentes para retirar dinero de sus cuentas sin autorización.
Los reclutadores, en muchos casos ciudadanos de los países o regiones donde captaban a las víctimas, operaban mediante agencias que presentaban sus actividades como servicios de viajes y turismo. Algunos cobraban entre 400 y 8,000 dólares por gastos de organización y traslado.
A partir de las pruebas recopiladas, la comisión concluyó que las autoridades rusas habían cometido el delito de trata de personas, además de otras violaciones de derechos humanos.
Más de 30 dominicanos identificados en el frente
En República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que había identificado a más de 30 dominicanos que viajaron con contratos y se encontraban en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La institución también comunicó que el Gobierno dominicano contrató asesoría legal en Rusia para evaluar la situación jurídica de los nacionales que permanecen en ese país.
El caso adquirió notoriedad luego de que residentes de Haina, en la provincia San Cristóbal, denunciaran que sus familiares habían sido captados mediante engaños y solicitaran ayuda a las autoridades para facilitar su regreso al país.
Asimismo, se informó que cuatro dominicanos desistieron de incorporarse al ejército ruso y que se realizaban gestiones para su retorno a territorio dominicano.