
SANTO DOMINGO.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estimó razonable la solicitud del Gobierno de introducir una segunda modificación al Presupuesto General del Estado de 2026, al considerar que las dificultades económicas derivadas de la prolongada crisis internacional han generado presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
La iniciativa, suscrita por el presidente Luis Abinader y remitida el pasado lunes a la Cámara Baja, contempla un incremento de RD$85,393 millones en el déficit fiscal, que pasaría de RD$280,575 millones a RD$365,968 millones, como resultado de un gasto superior a los ingresos proyectados.
Pacheco explicó que la petición responde, entre otros factores, al encarecimiento sostenido del petróleo y los combustibles, situación que ha repercutido en la economía dominicana y ha obligado a las autoridades a disponer recursos adicionales para enfrentar sus consecuencias.
El legislador señaló que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar los efectos del conflicto en Oriente Medio no generaron los ingresos inicialmente estimados, por lo que las previsiones presupuestarias resultaron insuficientes.
En ese sentido, hizo referencia a la Ley 30-26, promulgada el pasado 18 de junio, mediante la cual se establecieron modificaciones tributarias que permitieron recaudar aproximadamente RD$50,000 millones. Entre las disposiciones figura el aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a un 30 % para las grandes empresas durante tres años, así como el incremento del gravamen a las transferencias bancarias electrónicas de 0.15 % a 0.2 %.
«Las medidas anticrisis no dieron los recursos que estaban proyectados», manifestó Pacheco durante una conversación con periodistas en el Congreso Nacional, al reiterar que los ingresos contemplados inicialmente no fueron suficientes para cubrir las necesidades del Estado.
El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que el Poder Legislativo debe ponderar las circunstancias económicas que enfrenta el país y ofrecer respuestas institucionales, independientemente de las diferencias partidarias, debido a que el escenario internacional también afecta a otras naciones.
«Independientemente del partido al que pertenezcamos, nosotros sabemos que hay una situación de dificultad que no es exclusiva de la República Dominicana», expresó, al considerar que el Congreso debe dar algún nivel de respuesta a las circunstancias actuales.
Gobierno procura flexibilizar límite al gasto público
La propuesta legislativa también procura suspender, hasta el 31 de diciembre de 2026, la aplicación del artículo 5 de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, disposición que establece restricciones al crecimiento del gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios.
La normativa establece que la expansión de este tipo de erogaciones no debe superar la tasa de inflación promedio anual proyectada en más de tres puntos porcentuales, como mecanismo de control sobre el gasto de las instituciones gubernamentales.
Con la suspensión temporal de esa disposición, el Poder Ejecutivo busca disponer de mayor margen para incrementar el gasto público y continuar ejecutando compromisos financieros en un contexto de menores ingresos respecto a las necesidades presupuestarias.
Pacheco explicó que la eliminación transitoria de ese límite permitiría al Gobierno ampliar el déficit fiscal, al disponer de la posibilidad de ejecutar gastos por encima de los recursos que ingresan al erario.