
WASHINGTON.– Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzaron a preparar una serie de investigaciones sobre el presidente Donald Trump y los integrantes de su administración, con miras a ponerlas en marcha en enero, cuando asuman el control del Congreso y obtengan la mayoría en el Comité de Supervisión.
Como parte de los preparativos, el congresista Robert Garcia, representante de California y quien se perfila para encabezar ese órgano legislativo, envió comunicaciones formales a familiares del mandatario republicano y a funcionarios de alto nivel de la administración, instándolos a conservar documentos y registros que podrían resultar relevantes para futuras indagatorias.
Las notificaciones, divulgadas el miércoles, abarcan distintos asuntos que los legisladores demócratas pretenden examinar, entre ellos posibles conflictos de intereses financieros vinculados a los negocios de la familia presidencial, presuntas irregularidades en el Departamento de Seguridad Nacional y el tratamiento que dio el Gobierno a los expedientes relacionados con Jeffrey Epstein.
«Los demócratas de Supervisión luchan para poner fin al beneficio propio, la conducta indebida y los abusos de este gobierno», manifestó Garcia en un comunicado, en el que adelantó que las investigaciones también servirán de fundamento para impulsar iniciativas legislativas en beneficio de los estadounidenses.
Entre los destinatarios de las comunicaciones figuran dos de los hijos del presidente, Eric Trump y Donald Trump Jr.; el vicepresidente JD Vance; el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; el secretario de Justicia, Todd Blanche, y Jared Kushner, yerno del mandatario. También fueron notificados Kimberly Guilfoyle, exembajadora estadounidense en Grecia, y Kristi Noem, antigua secretaria de Seguridad Nacional, por asuntos relacionados con presuntos conflictos financieros y señalamientos de conducta indebida.
La Casa Blanca, por su parte, ha cuestionado las intenciones de los legisladores opositores y ha advertido que está dispuesta a cooperar con los procesos de fiscalización que considere legítimos, pero no con actuaciones que, a su juicio, respondan a intereses partidistas. La portavoz presidencial, Lauren Bis, sostuvo que Trump está dispuesto a trabajar con quienes procuren resultados para los ciudadanos, al tiempo que acusó a los demócratas de pretender impulsar investigaciones políticas.
En una respuesta institucional, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, remitió el miércoles una comunicación a los legisladores demócratas en la que rechazó, en la práctica, sus solicitudes de información durante el resto del año, argumentando que actualmente carecen de la mayoría necesaria para ejercer las facultades de dirección de los comités.
Scharf fundamentó su posición en un precedente de la administración del expresidente Joe Biden, correspondiente a 2022, y sostuvo que la posibilidad de que algunos congresistas asuman presidencias de comités en el próximo Congreso no les otorga autoridad retroactiva para mantener las solicitudes formuladas durante la actual legislatura. Asimismo, calificó las comunicaciones demócratas como expresiones de «animadversión o mezquindad» y cuestionó que respondan a propósitos genuinos de supervisión legislativa.
Investigaciones sobre Epstein y negocios familiares
Las advertencias de preservación documental constituyen un primer movimiento de los demócratas para preparar las investigaciones que pretenden desarrollar cuando recuperen el control del Comité de Supervisión y puedan ejercer sus atribuciones para emitir citaciones y requerir información.
Antes de las elecciones de mitad de mandato, Garcia había identificado entre sus prioridades examinar el manejo gubernamental de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los posibles conflictos financieros que involucren a integrantes de la familia presidencial.
En particular, las comunicaciones dirigidas a Kushner y a los hijos del mandatario buscan asegurar la conservación de registros vinculados con sus actividades empresariales y posibles conflictos de intereses. Entretanto, las dirigidas al vicepresidente JD Vance y al secretario de Justicia, Todd Blanche, se concentran en la gestión de los expedientes de Epstein y las denuncias de que funcionarios de la Casa Blanca habrían intentado ocultar información o controlar las repercusiones políticas del caso.
El enfrentamiento entre ambos sectores también ha escalado al terreno jurídico. La semana anterior, Scharf advirtió a Garcia que las amenazas contra funcionarios del Poder Ejecutivo destinadas a disuadirlos de continuar en sus cargos, así como los procedimientos concebidos para intimidarlos o perjudicarlos, podrían sobrepasar los límites legales y constituir conductas criminales.
Las investigaciones legislativas forman parte de las facultades de supervisión y contrapeso que la Constitución estadounidense reconoce al Congreso frente a las demás ramas del Estado. Entre los antecedentes más relevantes de este mecanismo figuran las indagatorias del caso Watergate, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y las investigaciones impulsadas por los republicanos sobre los negocios de la familia del expresidente Joe Biden.