Exjuez habría utilizado sus conocimientos jurídicos para lavar activos de red de narcotráfico

Escrito por Redacción

SANTO DOMINGO.– El exjuez del Distrito Judicial de La Altagracia, Teodoro Castillo, conocido como «Adriano», habría aprovechado su formación jurídica y su ejercicio como abogado notario para facilitar operaciones de lavado de activos y ocultar bienes pertenecientes a una presunta red internacional de narcotráfico, según establece el Ministerio Público en el expediente de la Operación Rompeolas.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el exmagistrado presuntamente asesoraba a los señalados cabecillas de la organización, Fausto Candelario Ortiz, alias «Pachá», y Yovani Candelario Ortiz, alias «Pachasito», en la elaboración de documentos y mecanismos legales destinados a colocar propiedades a nombre de terceros y encubrir la identidad de sus verdaderos propietarios.

La investigación sostiene que Castillo habría intervenido en la preparación de contratos de préstamos, hipotecas simuladas y documentos relacionados con inversiones inmobiliarias, utilizados supuestamente para dar apariencia de legalidad a bienes adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico.

El expediente también establece que el exjuez fue separado anteriormente de sus funciones judiciales por faltas graves relacionadas con decisiones de no ha lugar en dos procesos de narcotráfico y lavado de activos que involucraban a ciudadanos extranjeros. Posteriormente, habría utilizado sus servicios profesionales como notario para colaborar con integrantes de la presunta estructura criminal.

Entre las operaciones que se le atribuyen figura su participación en gestiones documentales vinculadas con Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, SRL, empresa relacionada con Fausto Candelario Ortiz y su entorno familiar.

Movimientos superiores a RD$1,000 millones

El Ministerio Público sostiene que las personas físicas y jurídicas vinculadas con la organización movilizaron más de RD$1,000 millones y aproximadamente US$16.4 millones mediante operaciones relacionadas con propiedades inmobiliarias y vehículos.

Según las autoridades, los recursos habrían sido destinados a la adquisición de fincas, terrenos, villas, apartamentos, edificios, establecimientos comerciales y vehículos de alta gama. Las cifras señaladas no abarcan la totalidad de las operaciones financieras, cambiarias y comerciales que los investigadores atribuyen a la estructura.

La acusación también describe el uso de empresas de distintos sectores económicos, entre ellas inmobiliarias, constructoras, concesionarios, negocios de alquiler de vehículos, restaurantes, discotecas, ferreterías y galleras, que presuntamente servían para justificar ingresos y colocar capitales de procedencia ilícita en actividades comerciales.

Entre las sociedades mencionadas figuran Constructora Frasan, SRL, e Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, SRL. Asimismo, el expediente señala inversiones relacionadas con Mamajuana Club y Gal Restaurante, cuyos beneficios económicos vincula con Fausto Candelario Ortiz.

Familiares y allegados en la estructura

Otro de los mecanismos descritos por los investigadores consistiría en utilizar familiares, parejas sentimentales y personas de confianza para registrar propiedades y dificultar la identificación de los beneficiarios reales de los activos.

En ese contexto, el expediente menciona a María del Rosario, Tauni Castillo Urbáez, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, Cristian George del Rosario, Ryan Spencer del Rosario y Alexander Algenis Candelario del Rosario.

Las autoridades sostienen que las inversiones inmobiliarias se extendían por distintas localidades del país, entre ellas Higüey, Miches, Punta Cana, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

La Operación Rompeolas involucra a 22 imputados, señalados por el Ministerio Público por su presunta vinculación con una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos.

Las imputaciones contra Castillo y los demás involucrados forman parte de la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador y deberán ser conocidas por los tribunales, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.

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