El discurso anti‑corrupción, repetido hasta la extenuación, ya no conecta con la gente. La retórica moralizante perdió eficacia porque se ha visto divorciada de resultados tangibles: promesas de pulcritud que no vienen acompañadas de hospitales equipados, escuelas con docentes estables o transporte público decente. Hoy la ciudadanía exige transformaciones sociales profundas y proyectos concretos que impacten su calidad de vida; y si la palabra no viene con obra, la palabra se convierte en ruido. En buena lid, eso e’ así: la sociedad dominicana reclama hechos, no consignas.
Los gobiernos de turno, a lo largo de las últimas décadas, no han dado pie con bola en varias áreas clave, y esa incapacidad acumulada ha erosionado la confianza pública. Cuando la lucha contra la corrupción se limita a eslóganes o a persecuciones selectivas, el ciudadano siente que nada cambia en su cotidianidad. Esa frustración empuja al electorado a buscar alternativas en discursos que prometen novedad, aunque a veces carezcan de planificación realista. El resultado es un desbande del debate público: menos atención al diseño de políticas y más a la cacería mediática o al marketing político.
Hoy día la gente pide mejores servicios públicos, políticas de inclusión y oportunidades de desarrollo; no quiere más declamaciones, sino respuestas palpables. Servicios de salud accesibles y eficaces, educación con pertinencia laboral, agua potable y energía estable, seguridad ciudadana y movilidad urbana eficiente figuran en la lista prioritaria. Al mismo tiempo, las demandas de inclusión —para jóvenes, mujeres, comunidades rurales y sectores históricamente excluidos— son cada vez más nítidas y no admiten parches. Si el proyecto político no articula estos ejes, la retórica anti‑corrupción queda sin nervio ni sustento.
Por eso es imprescindible redirigir el eje del discurso hacia las transformaciones sociales y la eficiencia en la gestión pública. Hablar de proyectos con metas, cronogramas y recursos identificados; explicar indicadores de impacto; rendir cuentas periódicamente; y permitir la fiscalización ciudadana. La transparencia debe ser útil, no performativa: contratación abierta, indicadores de ejecución en tiempo real y auditorías independientes que la gente pueda entender. Pa’ que la gente vea el fruto, hay que medirlo y mostrarlo, no sólo anunciarlo en un mitin.
Las políticas públicas deben diseñarse para producir efectos visibles y sostenibles: inversión en capital humano, fortalecimiento de los municipios, modernización administrativa mediante tecnologías que simplifiquen trámites y reduzcan la discrecionalidad, y alianzas público‑privadas con salvaguardas de interés público. Asimismo, la inclusión y el desarrollo requieren estrategias territoriales —rural y urbana— que atiendan demandas específicas y articulen mercado laboral, educación técnica y emprendimiento. En suma, transformar estructuras más que repetir consignas; eso sí es gobernar con vista de nación.
Finalmente, el cambio también pasa por la comunicación política: se necesita un lenguaje culto y serio que no borre la voz popular; un discurso que combine solvencia técnica con expresiones de la calle, porque la gente valora quien le habla claro y con respeto. Los aspirantes deben entender que recuperar la confianza implica entregar proyectos verificables, escuchar comunidades y resolver problemas cotidianos. Si no se actúa así, el electorado seguirá buscando atajos retóricos y promesas brillantes que, al final, no cambian la vida del pueblo.
Recomendaciones para quienes aspiren a la Presidencia en 2028:
- Priorizar servicios públicos esenciales: presentar planes con metas, indicadores y cronogramas para salud, educación, agua, energía y transporte y seguridad.
- Traducir la lucha contra la corrupción en reformas institucionales: contratación abierta, declaraciones patrimoniales verificables, autonomía de la fiscalía y tribunales, y auditorías ciudadanas.
- Diseñar políticas de inclusión con metas sectoriales: empleo juvenil, equidad de género, desarrollo rural y acceso a financiamiento para microempresas.
- Modernizar el Estado y eficientizar la gestión: digitalización de trámites, simplificación administrativa, capacitación de servidores públicos y evaluación por resultados.
- Descentralizar recursos y capacidades: fortalecer gobiernos municipales con financiamiento, capacidad técnica y responsabilidad fiscal.
- Pilotar proyectos antes de escalar: demostrar impacto con programas piloto evaluados y replicables que muestren resultados en el corto y mediano plazo.
- Comunicar con claridad y veracidad: combinar lenguaje técnico y coloquial (sin perder dignidad) para conectar con la gente y explicar decisiones complejas.
- Establecer mecanismos permanentes de participación ciudadana y rendición de cuentas, con indicadores públicos y espacios de seguimiento comunitario.
- Priorizar la educación y la formación técnica como motor de empleo decente y movilidad social.
- Prometer menos slogans y más hojas de ruta: propuestas financiadas, cronogramas transparentes y consecuencias claras si no se cumplen.
Suny Florentino
Planificación Estratégica.