La Procuraduría General de la República (PGR) ha inmovilizado los bienes del empresario Antonio Espaillat y su red de empresas, ante sospechas de maniobras para transferir propiedades y eludir posibles responsabilidades civiles, tras el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 232 muertos y más de 180 heridos.
La Dirección de Persecución, encabezada por Wilson Camacho, emprendió acciones legales contra las compañías Inversiones E y L SRL, Jet Set Club, y otros bienes relacionados con Espaillat. Estas medidas buscan impedir el traspaso de activos mientras avanza la investigación sobre el desastre ocurrido el pasado 8 de abril, durante una fiesta en la que también falleció el merenguero Rubby Pérez.
Según fuentes del Ministerio Público, se han implementado medidas cautelares amparadas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, no porque se investigue directamente a Espaillat por ese delito, sino para bloquear administrativamente cualquier operación patrimonial que pueda afectar los derechos de las víctimas.
La Fiscalía también ha iniciado la revisión de documentos legales, seguros, licencias y condiciones estructurales del local donde funcionaba la reconocida discoteca, a fin de establecer responsabilidades por el colapso del techo de concreto.
Aunque Antonio Espaillat ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia, el Ministerio Público mantiene su curso investigativo, respaldado por la Ley Orgánica 133-11, que faculta a esta entidad a dirigir investigaciones penales y proteger los intereses de la sociedad.