La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha dictaminado que la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP) debe asumir la representación legal de empresas cuando estas estén vinculadas a personas que la ONDP ya representa en procesos penales.
Esta decisión, emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema, pone fin a una prolongada resistencia de la Defensoría Pública a ofrecer asistencia legal a personas jurídicas.
El tribunal, presidido por Francisco Antonio Jerez Mena e integrada por Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Antonio Ortega Polanco, tomó esta determinación al acoger un recurso presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La resolución fue notificada al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
La ONDP, bajo la dirección de Rodolfo Valentín Santos, había intentado revertir una decisión previa del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que había declarado inconstitucional una instrucción general de la ONDP del 22 de septiembre de 2021 y un acto del 16 de noviembre de 2023.