San Francisco de Macorís.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte aplazó para el próximo viernes, a las 4:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos responsables de planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader.
La audiencia fue pospuesta luego de que los familiares del imputado y el abogado que inicialmente habían contratado no lograran ponerse de acuerdo debido a dificultades económicas. Ante esta situación, el tribunal dispuso la asignación de un defensor público para asumir su representación legal.
El aplazamiento se produjo en medio de un ambiente de tensión en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde las autoridades desplegaron un amplio dispositivo militar y policial para prevenir posibles incidentes.
Decenas de personas, entre familiares, dirigentes comunitarios y manifestantes, acudieron al lugar para exigir la libertad del joven, al considerar que no tiene vínculos con los hechos que se le atribuyen.
Cuestionan acusación
José Mercado, vocero de los grupos populares de la zona, cuestionó la investigación y sostuvo que el expediente constituye una supuesta maniobra de las autoridades para desviar la atención de los problemas que afectan al país.
En tanto, los familiares de De la Cruz Sosa defendieron su inocencia y rechazaron categóricamente que esté involucrado en una conspiración contra el jefe de Estado.
El joven fue detenido durante un allanamiento realizado en su residencia, ubicada en el sector Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, donde los investigadores habrían recolectado distintas evidencias.
Los detalles de la investigación
De acuerdo con el Ministerio Público, al menos diez personas estarían vinculadas a una presunta trama que habría sido organizada mediante redes sociales y plataformas digitales, con el propósito de ejecutar un ataque contra el mandatario.
La solicitud de medidas de coerción, contenida en un expediente de 57 páginas, establece que el supuesto atentado estaría previsto para el viernes 6 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Constitución, y tendría como escenario las instalaciones del Congreso Nacional.
La acusación señala que el grupo habría contemplado la fabricación de artefactos explosivos y la coordinación de sus acciones a través de medios digitales.
Entre los investigados, De la Cruz Sosa figura como presunto administrador de un grupo de Telegram denominado «Trinitarios Élite», que, según las pesquisas, habría servido para intercambiar información y organizar las actividades bajo investigación.
El expediente también recoge supuestas conversaciones relacionadas con la elaboración de explosivos, el seguimiento de los desplazamientos del presidente y la identificación de posibles rutas de escape tras una eventual detonación.
Estos señalamientos forman parte de los elementos presentados por el órgano acusador para sustentar su solicitud de medidas de coerción contra los investigados.