La magistrada Clara Luz Almonte, integrante de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, decidió inhibirse del proceso penal seguido contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, encausados por presunto homicidio involuntario a raíz del colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 lesionados en abril de 2025.
Mediante una resolución emitida el 26 de junio de 2026, la jueza ordenó remitir el expediente a la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que se evalúe su apartamiento y se designe otro juez que continúe con el conocimiento del juicio. Los imputados enfrentan cargos por presuntas violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
La decisión fue sustentada en las disposiciones del artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal, que contempla la inhibición cuando existan vínculos de amistad o cercanía capaces de comprometer la percepción de imparcialidad del juzgador. Aunque el tribunal recibió formalmente el caso el 19 de junio de este año, la magistrada concluyó que circunstancias personales le impedían asumir el proceso con el grado de objetividad exigido por la función judicial.
En su escrito, Almonte reveló que mantenía una estrecha relación de amistad con Margarita Herminia Robles Reyes, una de las víctimas mortales identificadas en la acusación. También señaló los lazos afectivos que la unían a la familia de la fallecida, situación que, según expuso, la colocaba en una posición incompatible con el deber de absoluta neutralidad que demanda el conocimiento del expediente.
La jueza recordó los difíciles momentos vividos tras el derrumbe ocurrido durante una presentación artística del merenguero Rubby Pérez, describiendo la incertidumbre que rodeó la búsqueda de su amiga hasta que sus restos fueron localizados días después entre los escombros. Asimismo, relató el impacto emocional que la tragedia provocó en la madre de la víctima, Margarita Reyes, a quien definió como colega y persona cercana, y cuyo estado de salud se deterioró tras la pérdida de su hija.
Según consignó en el documento, su participación cercana en el acompañamiento de la familia durante el duelo y el profundo vínculo afectivo generado por esos acontecimientos podían influir, consciente o inconscientemente, en su apreciación del caso. Por esa razón, entendió prudente apartarse del proceso para salvaguardar la transparencia del juicio.
La magistrada sostuvo que la legitimidad de la justicia no descansa únicamente en la imparcialidad real de los tribunales, sino también en la confianza que la ciudadanía pueda depositar en ella. En consecuencia, consideró que su inhibición constituye una medida necesaria para preservar la credibilidad y la integridad del sistema judicial.