Un tribunal de Santiago ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, señalados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una estructura que habría desviado recursos económicos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La decisión fue adoptada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, quien además declaró el caso complejo. Los imputados cumplirán la medida de coerción en los centros penitenciarios Rafey Hombres y Rafey Mujeres. En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, deberá permanecer bajo arresto domiciliario.
La procuradora de corte y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público al considerar que existen elementos probatorios suficientes que vinculan a los acusados con los hechos investigados.
De acuerdo con las pesquisas, la presunta red habría ejecutado múltiples maniobras para desviar fondos destinados a la atención de pacientes oncológicos, incluyendo alteración de indicaciones médicas, falsificación de sellos profesionales, doble facturación al Seguro Nacional de Salud y entrega parcial de medicamentos.
El expediente también recoge acusaciones relacionadas con comercialización irregular de medicamentos donados, contrabando mediante exenciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, uso indebido de instalaciones médicas para procedimientos estéticos, reembolsos fraudulentos, gastos injustificados, sabotaje informático, sustracción de documentos y presunto lavado de activos.
Asimismo, el órgano acusador sostiene que los imputados habrían utilizado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para canalizar recursos y gestionar cobros por servicios y medicamentos que alegadamente no fueron suministrados a pacientes. También les atribuye la asignación irregular de salarios, viáticos y otros beneficios económicos.
La denominada Operación Onco14 forma parte de una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades administrativas, fraude y actos de corrupción cometidos en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao.