SANTO DOMINGO. A pocos días de concluir la presente legislatura, el Congreso Nacional se convirtió ayer en escenario de una intensa jornada de consultas y planteamientos en torno al proyecto de reforma del Código Penal, luego de que venciera el plazo otorgado por la comisión bicameral para la recepción de observaciones y sugerencias de distintos sectores de la sociedad.
Mientras la comisión iniciaba sus trabajos pasado el mediodía, decenas de organizaciones, gremios profesionales, juristas, representantes políticos y entidades de la sociedad civil acudieron durante toda la mañana a presentar propuestas relacionadas con diversos aspectos de la iniciativa legislativa, incluyendo temas que históricamente han generado profundas divisiones, como la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo.
Pese al reducido margen de tiempo antes del cierre de la legislatura, las autoridades congresuales sostienen que aún existen condiciones para estudiar y consensuar modificaciones al proyecto. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el cronograma puede ajustarse si fuese necesario para completar la revisión de la pieza, aunque consideró viable avanzar en los cambios requeridos antes del 16 de agosto y continuar posteriormente con otros ajustes que resulten pertinentes.
En la misma línea se expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien aseguró que el Congreso dispone del tiempo necesario para analizar las observaciones recibidas. Indicó que los legisladores trabajarán en sesiones permanentes con el objetivo de concluir el proceso y llevar la propuesta a su aprobación.
La discusión ha concentrado la atención legislativa, relegando otras iniciativas consideradas prioritarias. Entre ellas figuran la reforma al Código de Trabajo y la modificación a la Ley de Seguridad Social, proyectos que, según admitieron las autoridades congresuales, permanecerán pendientes para futuras jornadas legislativas. Pacheco destacó, sin embargo, que durante el actual período se han aprobado más de medio centenar de iniciativas de gran impacto nacional.
Entre las propuestas entregadas a la comisión sobresale un documento respaldado por más de 70 juristas, académicos, litigantes e investigadores especializados en derecho constitucional y penal, quienes favorecen la incorporación de las tres causales y sugieren modificaciones a los artículos 110 y 111 de la Ley 74-25. Los firmantes argumentan que la redacción vigente presenta deficiencias desde el punto de vista constitucional y de técnica legislativa.
La propuesta plantea que no exista responsabilidad penal cuando la interrupción del embarazo se produzca para preservar la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña, cuando el feto presente una condición incompatible con la vida fuera del útero o cuando la gestación sea resultado de una violación sexual, agresión sexual o incesto.
Otros sectores también llevaron planteamientos específicos. El Colegio Dominicano de Abogados abogó por mantener la pena máxima de 30 años de prisión, proponiendo que esta pueda elevarse a 40 años mediante la acumulación de condenas. Asimismo, manifestó preocupación por disposiciones que, a su juicio, contemplan sanciones excesivas para infracciones de menor gravedad.
Por su parte, el partido Opción Democrática solicitó eliminar la figura del ultraje contemplada en el proyecto, argumentando que los delitos de difamación e injuria resultan suficientes para proteger el honor de los funcionarios públicos. La organización también defendió que tanto partidos políticos como instituciones religiosas puedan ser objeto de responsabilidad penal y exhortó a los legisladores a realizar una revisión exhaustiva de cada disposición contenida en la normativa.
En medio de la controversia, el abogado penalista Carlos Balcácer calificó como estéril el debate sobre las causales del aborto, al señalar que en República Dominicana no existen antecedentes recientes de condenas por ese delito, pese a que el tema ha sido uno de los principales obstáculos para la aprobación de un nuevo Código Penal durante más de dos décadas.