La política de puertas abiertas hacia la inmigración que el papa Francisco defendió desde el inicio de su pontificado no tiene aplicación en el Vaticano. De hecho, las sanciones por ingresar ilegalmente a su territorio fueron reforzadas.
De hecho, un decreto firmado por el Cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, establece nuevas disposiciones que entraron en vigor inmediatamente tras su publicación.
El documento contempla penas de prisión de 1 a 4 años, además de multas de hasta 25.000 euros, para quienes ingresen en el territorio a través de la violencia, amenazas o engaños.
Estas acciones incluyen, entre otros, la elusión fraudulenta de los sistemas de seguridad o la evasión de los controles fronterizos.
Las consecuencias serán más severas para quienes ingresen en el Vaticano de forma ilícita a través de grupos, armas o sustancias. Además, se incrementarán en hasta dos tercios si se fuerza un control fronterizo conduciendo un vehículo.
Asimismo, el decreto introduce nuevas disposiciones que regular el sobrevuelo no autorizado del espacio área, incluyendo uso de drones, con penas de hasta tres años de cárcel.
Por último, existirá la posibilidad de imponer la prohibición de ingreso por un periodo de 15 años a quienes reincidan el ingreso ilícito, además de sanciones para quienes no respeten las normas de residencia.