SANTO DOMINGO.– El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros 34 acusados entran este miércoles en la etapa de juicio de fondo de un proceso por presunta corrupción administrativa, en el que el Ministerio Público calcula un perjuicio al Estado superior a RD$19,000 millones.
El caso llega al tribunal luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispusiera la apertura a juicio contra 35 de los 40 encartados en el expediente, al establecer que la acusación cuenta con elementos suficientes para ser discutidos durante el proceso.
Además de Guerrero, entre los procesados se encuentran el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa.
Según la teoría del Ministerio Público, los acusados habrían participado en una estructura que utilizó diferentes dependencias estatales para ejecutar operaciones consideradas fraudulentas. El expediente incluye alegadas irregularidades en pagos por expropiaciones, cancelación de deudas públicas, supuestos sobornos y movimientos destinados al financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2020.
La acusación también contempla un esquema relacionado con los juegos de azar bajo regulación del Ministerio de Hacienda. A los imputados se les atribuyen delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
Para respaldar sus planteamientos, el órgano persecutor presentó más de 1,278 elementos probatorios, entre documentos y testimonios, que deberán ser examinados y controvertidos durante el juicio de fondo.
Ministerio Público recurrirá los no ha lugar
El Ministerio Público anunció además que recurrirá las decisiones que favorecieron con autos de no ha lugar al exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Terrero y a otros tres procesados.
El procurador adjunto Wilson Camacho cuestionó la valoración realizada por el tribunal sobre determinadas pruebas y testimonios, al considerar que algunos elementos presentados durante la fase preliminar no fueron ponderados correctamente.
Camacho sostuvo que el Ministerio Público cuenta incluso con documentos que, según su interpretación, vinculan a varias personas con las operaciones investigadas, por lo que acudirá ante la Corte de Apelación para procurar que esas decisiones sean revisadas.
El proceso será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlyn Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez. Durante esta fase, las partes deberán presentar y controvertir sus pruebas antes de que el tribunal determine si existe responsabilidad penal por los hechos atribuidos.