Santo Domingo.- El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por el Ministerio Público de haber recibido presuntamente un soborno de 10 mil dólares de manos del testigo Roberto Canaán, vinculado al expediente por supuestas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), presentó su renuncia como miembro del Ministerio Público, informó su abogado Valentín Medrano.
El jurista explicó que la dimisión produjo la pérdida del privilegio de jurisdicción que correspondía a su representado en razón de las funciones que desempeñaba, por lo que el proceso experimentó un cambio en el tribunal competente para conocerlo.
Medrano precisó que el expediente, que inicialmente se tramitaba bajo el régimen de jurisdicción privilegiada, pasó a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Patricia Padilla, quedó apoderado para continuar con la fase preparatoria del proceso.
El abogado señaló que ese tribunal tendrá, además, la responsabilidad de conocer la audiencia preliminar, pautada para el próximo mes de octubre, conforme a las reglas que rigen el procedimiento penal ordinario.
La defensa de Valdez Alcántara considera que el traslado del expediente constituye una consecuencia directa de la renuncia y sostiene que, a partir de ahora, las actuaciones judiciales deberán desarrollarse bajo el procedimiento aplicable a cualquier imputado sometido a la jurisdicción ordinaria.
Los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano mantienen sus objeciones respecto de la manera en que fue desarrollada la investigación contra el exfiscal. Alegan que durante las diligencias se habrían cometido violaciones a disposiciones legales que regulan tanto las actuaciones del Ministerio Público como el procedimiento establecido para funcionarios amparados por jurisdicción privilegiada.
Mientras avanza el proceso, Valdez Alcántara cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida que le fue impuesta por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La decisión fue adoptada luego de una extensa audiencia que se prolongó durante más de diez horas, en la que la magistrada acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, el exfiscal habría recibido 10 mil dólares en efectivo del testigo Roberto Canaán y, presuntamente, se habría valido de su posición y de sus vínculos dentro del sistema de justicia para intentar incidir en el curso de las investigaciones relacionadas con las alegadas irregularidades en Senasa.