París.— El Gobierno francés anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para prevenir nuevos disturbios durante las manifestaciones sociales convocadas para este sábado, ante las advertencias sobre llamados en redes sociales a cometer actos vandálicos y saqueos.
Francia, segunda economía de la Unión Europea, vivió el pasado sábado uno de los episodios de violencia urbana más graves de los últimos años, en un contexto de creciente tensión social, a seis meses de las elecciones presidenciales en las que los ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Emmanuel Macron.
Las protestas iniciadas por estudiantes de secundaria a finales de septiembre, en reclamo de mejores condiciones educativas, se extendieron por todo el país y se vieron alimentadas por el descontento ante el incremento del costo de la vida.
«No estamos satisfechos», afirmó Nathanaël Combary, representante del sindicato estudiantil Renouveau lycéen, después de reunirse con Macron. El dirigente llamó a mantener «el pulso» con el Gobierno, a la espera de los anuncios previstos para el lunes.
Sin embargo, el margen de maniobra del Ejecutivo es limitado debido a su condición de minoría en el Parlamento. La situación se complica por los esfuerzos oficiales para aprobar un severo ajuste fiscal en el presupuesto de 2027, con el propósito de reducir los elevados niveles de deuda y déficit públicos y generar confianza en los mercados financieros.
Los disturbios agravaron la percepción de fragilidad de las finanzas públicas francesas. Como reflejo de las preocupaciones de los inversionistas, el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años volvió a superar el 5 %, un nivel que no se registraba desde 2002.
Este comportamiento refleja los temores sobre la capacidad del Estado francés para cumplir con sus obligaciones financieras. La situación pudo haberse agravado si la agencia calificadora Moody’s hubiese rebajado la nota crediticia del país, aunque finalmente mantuvo su evaluación en Aa3, con perspectiva negativa.
«Seremos intransigentes»
Para evitar que se repitan las escenas de violencia que dieron la vuelta al mundo, el Gobierno anunció un dispositivo de seguridad de gran magnitud.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que serán movilizados 70.000 policías y gendarmes, además de una veintena de vehículos blindados de la gendarmería, 15 camiones equipados con cañones de agua, helicópteros y drones.
«Constatamos que hay numerosos llamados procedentes del movimiento de la ultraizquierda y de la extrema izquierda radical (…) a cometer abusos» y «saqueos», declaró Nuñez durante una rueda de prensa.
Las autoridades atribuyen los disturbios a grupos de ultraizquierda, entre ellos antifascistas, anarquistas y anarcoautónomos, a los que presuntamente se sumaron delincuentes que aprovecharon la situación para saquear establecimientos comerciales, especialmente en las afueras de las grandes ciudades.
Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu advirtió el viernes, durante una visita a Limoges, que «el nivel de amenaza sigue siendo elevado» de cara a la nueva jornada de protestas. El funcionario señaló que la atención estará centrada en los grupos de ultraizquierda y la delincuencia, al tiempo que defendió la implementación de un dispositivo de seguridad adaptado a las circunstancias, tras los incidentes del 17 de octubre.
En Orléans, situada a unos 100 kilómetros al sur de París, también se desplegará un amplio operativo, debido a que se espera la participación de hasta 30.000 personas en una manifestación contra el congreso del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, quien figura como favorita en los sondeos de las próximas elecciones presidenciales.
En medio de la presión sobre las autoridades por la seguridad, un hombre de 39 años perpetró este viernes un ataque calificado de terrorista y presuntamente racista cerca de París. El hecho dejó una persona muerta y varios heridos, antes de que el sospechoso fuera detenido.
Museos y espacios culturales cerrarán sus puertas
Tras los disturbios del pasado sábado, el Gobierno descartó declarar el estado de emergencia y defendió la aplicación de otras medidas para restablecer el orden, como toques de queda parciales y prohibiciones de manifestaciones que no sean convocadas por actores considerados legítimos, entre ellos los sindicatos.
En París y Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, las autoridades autorizaron las movilizaciones solicitadas por las centrales sindicales, mientras que en Lyon la marcha fue prohibida. Muchos de los incidentes registrados la semana anterior ocurrieron durante protestas que no contaban con autorización oficial.
Ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia, numerosos comerciantes de París comenzaron a proteger las vitrinas de sus establecimientos con tablones de madera. Algunos contemplan mantener sus negocios cerrados, mientras otros aseguran que permanecerán en sus locales para defenderlos ante eventuales saqueos.
«Sobre el terreno he visto bates de béisbol, barras de hierro y escopetas de caza», advirtió el presidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia, quien exhortó a los comerciantes a «bajar la persiana» y permitir que la Policía se encargue de garantizar la seguridad.
Como medida preventiva, los museos del Louvre, Orsay y Picasso, las dos sedes de la Ópera de París y las fundaciones Cartier y Louis Vuitton permanecerán cerrados excepcionalmente durante la jornada del sábado.