SANTO DOMINGO.– La presunta estructura de corrupción desmantelada mediante la denominada Operación Lobo habría movilizado más de RD$108 millones en pagos ilícitos destinados a militares y civiles vinculados a diversas instituciones estatales, según establece la acusación formal depositada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
De acuerdo con el expediente, los imputados ocupaban posiciones de responsabilidad dentro de entidades públicas y, presuntamente, recibieron sobornos de compañías privadas de seguridad a cambio de favorecer procesos de contratación, garantizar la continuidad de acuerdos vigentes y evitar mecanismos de supervisión que pudieran afectar los intereses de las empresas involucradas.
Las investigaciones señalan que entre las instituciones impactadas figuran el Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), las distribuidoras eléctricas EdeSur, EdeEste y EdeNorte, así como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), entre otras dependencias gubernamentales.
Según la acusación, la empresa Senase habría mantenido durante más de una década un esquema sistemático de pagos irregulares a funcionarios públicos, abarcando los períodos comprendidos entre 2012 y 2020, así como entre 2020 y 2025. El objetivo habría sido preservar contratos de prestación de servicios de vigilancia y asegurar ventajas dentro de los procesos administrativos.
El Ministerio Público sostiene que los recursos destinados a los sobornos eran entregados mediante diversas modalidades, incluyendo transferencias bancarias y pagos en efectivo, con la finalidad de garantizar que los contratos adjudicados permanecieran activos y continuaran generando beneficios económicos para las empresas favorecidas.
La investigación establece además que los funcionarios señalados tenían la responsabilidad de supervisar la ejecución de los servicios contratados y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas. Sin embargo, presuntamente utilizaban sus cargos para facilitar la continuidad de los contratos, acelerar trámites internos y evitar cuestionamientos o controles que pudieran afectar a las compañías implicadas.
Para el órgano persecutor, este mecanismo permitió la consolidación de una red de corrupción que operó de manera recurrente dentro de varias instituciones públicas, posibilitando el uso irregular de recursos estatales y generando beneficios económicos a empresas privadas mediante la presunta compra de voluntades de servidores públicos.
El expediente forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para combatir delitos contra la administración pública y determinar las responsabilidades penales de los involucrados en el caso.