Por: Javier de Jesús Rodríguez.
Hoy, en este feriado de Corpus Christi, el país amanece envuelto en un manto de incienso, cánticos y procesiones. Las calles se visten de alfombras coloridas y los feligreses caminan bajo el sol caribeño mirando hacia lo alto, adorando esa custodia dorada que pasea el Cuerpo de Cristo por nuestros barrios y avenidas. Es una estampa hermosa de nuestra fe, pero mientras observo el desfile, no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta y me invada una profunda impotencia. Porque si somos honestos, si de verdad queremos encontrar el cuerpo de Cristo crucificado, flagelado y sangrando hoy en la República Dominicana, no tenemos que buscarlo en los altares adornados de las iglesias. Tenemos que ir a las salas de Cuidados Intensivos, a los pasillos fríos de nuestros hospitales públicos y a las antesalas de las oficinas gubernamentales. Ese cuerpo sagrado y doliente no es un ente abstracto; está vivo, agoniza y tiene el rostro de cientos y miles de dominicanos que hoy se nos están muriendo de mengua, rogando por una receta médica, mendigando un procedimiento o esperando un tratamiento que el Estado les niega. Y hoy, de manera desgarradora, ese calvario colectivo lleva el nombre de un angelito: Dayron Almonte Socias.
El pequeño Dayron, un niño que apenas empieza a asomarse a la vida, libra en este mismo instante una batalla titánica contra la Atrofia Muscular Espinal. Es una condición genética cruel, una condena degenerativa que poco a poco le va apagando los músculos, robándole la fuerza hasta para tragar, moverse y respirar. Lo que de verdad le quiebra el alma a cualquiera, lo que debería darnos vergüenza como sociedad, es que la ciencia ya hizo su trabajo y la cura existe. El fármaco para detener su sufrimiento está ahí mismo, al alcance de una orden de compra. Pero mientras Dayron y esos miles de pacientes anónimos se nos asfixian necesitando de urgencia sus terapias para sobrevivir, la respuesta de la Dirección de Alto Costo y del Ministerio de Salud Pública es la misma cantaleta fría, burocrática y desalmada de siempre: «no hay presupuesto», «el sistema no da», «tienen que seguir esperando».
Pero aquí es donde a uno se le revuelve el estómago y la indignación se convierte en rabia pura. Nos dicen en nuestra cara que no hay dinero para comprarle la vida a un niño, pero de manera perversa, el Ministerio de Salud Pública sí tiene recursos, logística y nómina para mandar a todo un batallón de abogados del Estado a los tribunales. ¿Y a qué fueron esos abogados a los estrados? ¿A someter a los corruptos? ¡No! Fueron enviados expresamente para pelear contra la familia de Dayron; fueron a usar las leyes y las artimañas procesales para justificar ante un juez por qué no se le debe entregar el medicamento a ese bebé que agoniza. Es decir, el Estado dominicano gasta el dinero de nuestros impuestos pagando abogados para litigar en contra de la vida de un niño en cuidados intensivos. Es una monstruosidad jurídica y humana sin precedentes.
Y es justamente este cinismo gubernamental el que nos lleva a presenciar el teatro más burdo de nuestra clase política. Fíjense en la ironía dantesca que nos restriegan en la cara: mientras esos abogados del Estado despellejan las esperanzas de una familia en los tribunales locales, asegurándose de que Dayron no reciba su medicina, el jefe de esa misma institución, nuestro Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, se paseaba el mes pasado por los pasillos de Ginebra, Suiza. Allá en Europa, a miles de kilómetros de la miseria de nuestros hospitales y del abuso de sus propios abogados, hizo historia al ser elegido presidente de la Asamblea Mundial de la OMS. Desde esa tribuna de lujo, pronunció discursos preciosos y ensayados sobre «la sostenibilidad del sistema» y «el acceso equitativo a medicamentos de alto costo». Un bulto de proporciones épicas para buscar el aplauso de la grada internacional. Pero, ¿de qué nos sirve la diplomacia de vitrina? ¿De qué nos vale presidir cumbres mundiales y hablar bonito de equidad en los Alpes suizos, si en el patio de nuestra casa, bajo nuestro propio sol, mandamos hordas de abogados a garantizar que nuestros niños se mueran legalmente?
Esa maquinaria de exclusión, ese abandono sistemático del paciente, no es un simple error administrativo; es el resultado de un sistema macabro que fue diseñado para que el ciudadano siempre pierda. El Ministerio de Salud Pública y Alto Costo colapsan y actúan como verdugos porque están obligados a cargar un peso que no les corresponde, todo porque la Seguridad Social que padecemos opera bajo una estafa maestra y legalizada: el infame Catálogo de Prestaciones del Plan Básico de Salud. Vamos a hablar claro y sin anestesia. Ese catálogo no es un instrumento de salud, es un paredón de fusilamiento jurídico que viola flagrantemente nuestros derechos humanos, los tratados internacionales de los que somos signatarios y nuestra propia Carta Magna. La Constitución de la República es clarísima: los artículos 37 y 61 consagran la supremacía absoluta del derecho a la vida y a la salud. Ningún librito desfasado, ninguna resolución de escritorio redactada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, puede ni debe estar por encima del derecho inalienable de un paciente a recibir el procedimiento médico de mayor tecnología y actualidad que le garantice la vida. Sin embargo, las ARS utilizan este catálogo como un escudo de hierro, un comodín perfecto para negar coberturas, rechazar reclamos por tecnicismos absurdos y acumular miles de millones de pesos en ganancias netas a costillas del sudor del afiliado, mientras el enfermo es empujado a la ruina financiera y forzado a enfrentarse en los tribunales a los mismos abogados del Estado.
Ante semejante tigueraje de cuello blanco, ante este abuso estructural que nos exprime y nos mata, uno voltea lógicamente a buscar a quien se supone que es el león defensor del afiliado a la Seguridad Social. Uno mira hacia la DIDA, la entidad que por ley —y conociendo yo perfectamente las entrañas de su mandato— está llamada a ser el escudo de hierro del afiliado. Esa es la institución que debería estar metida de cabeza en los tribunales, no como el Ministerio de Salud para dejar morir a un niño, sino para enfrentar a esos abogados, someter recursos de amparo masivos, desbaratar la inconstitucionalidad de ese catálogo de la muerte y pelear como fiera por la vida de pacientes que, como Dayron y esos miles de agonizantes, no tienen el lujo del tiempo para esperar. Pero la realidad da grima. En lugar de estar fajados en los estrados defendiendo a los que pagan el sistema, andan derrochando los cuartos del contribuyente en relaciones públicas, eventos pomposos y galas de lentejuelas.
Para muestra de este circo, un botón que da vergüenza ajena. A principios de este mismo mes, mientras los pulmones de Dayron y de tantos otros hacían un esfuerzo sobrehumano por seguir funcionando y la maquinaria legal del Estado los aplastaba, la DIDA andaba celebrando por todo lo alto, con alfombra roja y reflectores, su «Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social». Y como si el evento en sí no fuera una bofetada lo suficientemente fuerte al dolor del pueblo dominicano, ¿a quienes creen ustedes que tuvieron la cachaza de otorgarles flamantes reconocimiento? A Prestadoras Dominicanas de Servios de Salud (PDSS) mencionados en redes de corrupción. Sí, leyó usted bien. Cadenas comerciales que hace apenas unos meses vimos acaparando los titulares de la prensa, señaladas públicamente y bajo investigación en el mayúsculo escándalo de irregularidades, contrataciones viciadas y presunto desfalco del caso SeNaSa.
Le lavan la cara con dinero público, le entregan pergaminos de honor a los actores severamente cuestionados por la justicia en el manejo de los recursos de salud, mientras el verdadero dueño del sistema, el ciudadano de a pie, se apaga en un pasillo porque las ARS le dicen alegremente que «el catálogo no lo cubre» y el Ministerio de Salud le manda abogados para asegurarse de que tampoco el Estado lo ayude. Todo en este entramado de la salud dominicana está fríamente conectado por el hilo conductor de la impunidad, el aguaje y el negocio. Hoy es Corpus Christi, pero seamos sinceros: no hay alfombra de aserrín de colores, ni procesión pomposa, ni incienso suficiente en el mundo que pueda tapar el hedor a indolencia de un Estado que gasta en premios de relaciones públicas mientras litiga para que su gente perezca. El verdadero sacrilegio de nuestra sociedad no se comete por faltar a la misa dominical; se comete todos los días, de ocho a cinco, en las oficinas climatizadas donde se juega a la ruleta rusa con el dolor ajeno. A Dayron se le acaba la arena del reloj, igual que a esos miles de dominicanos que hoy son las verdaderas víctimas de este teatro institucional. Ya está bueno de tanto bulto. O el Estado asume su rol histórico, hace valer la supremacía de la Constitución a las buenas o a las malas, y obliga a este sistema a proteger la vida humana por encima del comercio y del catálogo, o que recojan las carpas y cierren este circo. Porque el dominicano es manso y aguanta mucho, pero jugar a la diplomacia europea y repartirse premios mientras se mandan abogados para asfixiar legalmente a nuestros niños en cuidados intensivos, es un pecado capital que ni Dios en los cielos, ni la historia en la tierra, nos van a perdonar.
Que quede claro algo fundamental: estas líneas no nacen de las simples ganas de atacar o arremeter contra el gobierno por deporte. Todo lo contrario, se escriben con el anhelo profundo de que mejoremos, porque sé de lo que somos capaces. Lo digo con la propiedad de quien conoce el monstruo por dentro. Fui Jefe de Gabinete, Asistente de la Dirección General y Enlace Internacional e Interinstitucional de la DIDA. Me tocó el honor de representar en múltiples ocasiones a la República Dominicana ante los grandes organismos internacionales de Seguridad Social. En esos escenarios, nuestro país era la panacea y la envidia internacional. Los demás países nos pedían asesoramiento desesperados por entender nuestro modelo, queriendo replicar en sus tierras una institución única y blindada como la nuestra. Tenemos las leyes y las reglas del juego están clarísimas en el papel, pero la voluntad política es fundamental. Las instituciones no se mueven solas.
Por eso hoy estoy aquí, ejerciendo desde el lado privado, pero con el corazón y la acción plantados del lado del ciudadano y la ciudadana de a pie. Del lado de los que lloran de impotencia frente a una ventanilla. Si no vamos a hacer valer la supremacía de la vida por encima de los balances corporativos, si no vamos a eliminar de una vez por todas ese catálogo de servicios que sirve como condena de muerte para tantos inocentes, entonces seamos honestos y cerremos este colmado. Porque jugar a la diplomacia y a las relaciones públicas mientras enterramos a nuestros niños, es una factura que la historia nos va a cobrar muy cara.
¡Que Viva la Libertad!