Por: Javier de Jesús Rodríguez
Imagina por un momento que la democracia en nuestro país funciona como un club exclusivo. Afuera, millones de ciudadanos pagan religiosamente la cuota de mantenimiento con sus impuestos, su trabajo y su esfuerzo diario. Sin embargo, en la puerta hay un grupo de custodios que decide, bajo sus propias reglas y a conveniencia, quién puede entrar al salón principal a tomar las decisiones. Nos han vendido la monumental mentira de que ese sistema cerrado es la máxima expresión de la participación ciudadana. Pero la libertad, en su estado más puro y elemental, no hace fila ni pide permiso.
Quienes militamos activamente en organizaciones políticas y nos hemos sentado en mesas de mediación, conocemos muy bien lo que ocurre detrás de las cortinas. En esos espacios, la realidad empírica es innegable: cuando el poder de decisión se concentra exclusivamente en una cúpula, la libertad del ciudadano común se evapora. Estar dentro del sistema no debe ser una excusa para la ceguera o la complicidad, sino el motor principal para tener el coraje de exigir que las puertas se abran de una vez por todas. Hoy, un entramado burocrático, disfrazado de legalidad, asfixia sistemáticamente a quienes intentan desafiar el statu quo.
La historia reciente nos ha dado un ejemplo perfecto de esta hipocresía institucional. A finales de 2024, el Tribunal Constitucional emitió la histórica Sentencia TC/0788/24. El abogado Alberto Emilio Fiallo-Billini tuvo que emprender una batalla legal titánica para que a los ciudadanos se nos reconociera algo tan básico como el derecho a ser elegidos sin tener que arrodillarnos ante la estructura de los partidos tradicionales. El Tribunal falló a favor de la libertad, declarando inconstitucional la aberración de obligar a un candidato independiente a replicar el aparato burocrático de un partido político.
Pero el monopolio no cede su poder tan fácilmente. Apenas esta misma semana, el 4 de marzo de 2026, el Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley para supuestamente «adecuar» la norma. Los titulares anunciaban una apertura democrática, pero basta leer el documento oficial para encontrar la trampa. En su artículo tercero, la iniciativa emanada del hemiciclo indica literalmente que, por su naturaleza, las candidaturas independientes «pueden encontrar escollos y dificultades». El propio órgano legislativo, al mismo tiempo que acata a regañadientes una orden constitucional, deja plasmada en tinta su verdadera intención: prefabricar excusas y advertir que el camino estará minado. Quieren proteger su franquicia electoral levantando barreras invisibles.
Nuestra Constitución es clara en su artículo 22: elegir y ser elegible es un derecho ciudadano, no un favor. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mantiene un consenso jurídico inquebrantable: los requisitos de participación electoral jamás pueden ser desproporcionados o irrazonables. Legalizar «escollos y dificultades» artificiales convierte el derecho a ser elegido en un espejismo y viola el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como internacionalista, no puedo evitar contrastar esta mentalidad provincial y excluyente con los gigantescos vientos de cambio que soplan en el hemisferio. Apenas este fin de semana, los principales medios del mundo reportaron un punto de inflexión geopolítico: en Miami, Donald Trump reunió a una docena de líderes de la región —incluyendo a figuras como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, y al presidente Luis Abinader en la representación de la República Dominicana— para conformar el llamado «Escudo de las Américas».
Se trata de una coalición histórica, frontal y sin complejos, diseñada para erradicar a los cárteles transnacionales y defender la soberanía y la prosperidad económica de nuestras naciones frente al avance del estatismo. La región se está alineando hacia el orden y la libertad.
Pero aquí es donde debemos hacernos una pregunta incómoda y urgente. El ‘Escudo de las Américas’ levanta la bandera de la soberanía frente a las amenazas externas, pero debemos entender algo fundamental: la verdadera soberanía es sinónimo de libertad. La soberanía no es propiedad de los políticos tradicionales ni del aparato estatal; reside exclusivamente en el pueblo, porque la nación no es un pedazo de papel, la nación son sus ciudadanos libres. Entonces, ¿de qué nos sirve sentarnos en esa mesa internacional para defender la soberanía y combatir a los cárteles externos, si a lo interno somos rehenes de un cártel político burocrático que nos usurpa ese poder de decisión? No podemos ser aliados fuertes en la exportación de seguridad y libre mercado, si en casa seguimos secuestrados por un monopolio que asfixia al individuo.
El Peligro del Secuestro Político
En definitiva, la defensa de las candidaturas independientes trasciende la estricta legalidad. No se trata únicamente de evitar violaciones a los derechos humanos o de hacer cumplir nuestra Carta Magna; se trata de la supervivencia de nuestra propia libertad.
¿Por qué es vital para la democracia dominicana? Porque la política, al igual que la economía, requiere de libre competencia para prosperar. Un sistema sin la presión real de actores independientes es, en la práctica, un oligopolio. Sin competencia directa y ciudadana, el «producto» político se encarece, la calidad de la representación se desploma y los incentivos para ser eficientes desaparecen.
Permitir que se consolide este secuestro burocrático conlleva peligros existenciales para nuestra nación. Cuando delegamos el monopolio total de la representación a un grupo cerrado, anulamos la rendición de cuentas. Se crea una casta desconectada de la realidad del ciudadano que produce, fomentando un terreno fértil para el clientelismo, el gasto público descontrolado y la ineficiencia crónica. Si aceptamos con sumisión que el Senado imponga «escollos y dificultades» a los ciudadanos libres, el daño no termina en las urnas. Hoy nos roban el derecho a elegir opciones nuevas, y mañana utilizarán ese mismo poder centralizado para dictarnos cómo vivir, cómo gastar nuestro dinero, en qué emprender y qué pensar.
El liberalismo no es una excentricidad académica. Es la certeza absoluta de que el ciudadano dominicano —el que madruga, el que emprende, el que genera riqueza— sabe infinitamente mejor lo que le conviene que un burócrata atrincherado en un despacho. Quienes te restringen la libertad de elegir a tus representantes sin intermediarios, son los mismos que sostienen un Estado elefantiásico que te ahoga a impuestos y te devuelve servicios públicos deficientes que insultan la dignidad humana.
Me niego rotundamente a aceptar que nuestro destino como país sea administrar la mediocridad. No necesitamos liderazgos que nos prometan gestionar con más decencia un sistema cerrado. Necesitamos la voluntad férrea de quitarle la bota del cuello a la iniciativa privada y ciudadana, y garantizar que la ley sea un escudo protector para todos, no una red diseñada para proteger a los que tienen privilegios.
El verdadero poder de la República Dominicana no emana de las siglas de un partido, ni de las trabas que invente el Senado. Emana de las ideas correctas y de la determinación inquebrantable de aplicarlas. La libertad avanza de manera inexorable. La sociedad dominicana está lista para reclamar su soberanía individual. Es hora de dejar atrás el conformismo y el miedo. Es hora de romper las cadenas y abrazar, de una vez por todas, la libertad.