Por: Javier de Jesús Rodríguez.
Hoy es Viernes Santo, el día en que la cristiandad se detiene en silencio frente al madero. En la liturgia de hoy, las lecturas no son un simple relato antiguo; son un espejo insobornable de la condición humana y de cómo opera el monopolio del poder. Escuchamos al profeta Isaías (52, 13) describir al «Siervo sufriente», aquel hombre despreciado que es «triturado por nuestros crímenes». Si analizamos a fondo este calvario desde la óptica civil y libertaria, la crucifixión representa la máxima violación sistemática de los derechos humanos de un individuo a manos del Estado. Esa imagen evoca inevitablemente al ciudadano dominicano de a pie, quien, despojado de sus libertades fundamentales, carga a diario con las ineficiencias de un sistema diseñado para ponerlo a 《coger lucha》. Pero este año, entre el polvo del Gólgota y el peso de la cruz, asoman destellos de justicia que merecen ser analizados con el rigor de los hechos.
Este viacrucis institucional arranca ante el Sanedrín de nuestra época: el Congreso Nacional de la República Dominicana. Históricamente, el Sanedrín temía perder su control absoluto y no toleraba a nadie que no fuera de su 《corito》. Hoy, nuestra partidocracia ha ejecutado una condena idéntica contra un derecho humano inalienable. El Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 23 del Pacto de San José establecen de manera irrefutable que todo ciudadano tiene el derecho de participar en los asuntos públicos y ser elegido sin restricciones irrazonables. Obligar a un individuo a subordinarse a la cúpula de un partido para poder aspirar es una coacción tiránica.
Todos sentíamos la asfixia de este sistema electoral secuestrado, pero casi todos callaban. Quien dio el grito al cielo fue el jurista Alberto Fiallo, canalizando el fervor de un pueblo cansado del monopolio. Con valentía, Fiallo logró arrancarles a los tribunales la histórica sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, la cual ordenaba regular las candidaturas independientes, defendiendo nuestro derecho a la libre asociación. Sin embargo, en un acto del más puro 《tigueraje》 y 《maipioleo》 legislativo, nuestros congresistas respondieron derogando los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 (Orgánica del Régimen Electoral). Asesinaron la figura por completo, pisoteando el mandato del máximo tribunal y los tratados internacionales. Los dueños del sistema simplemente te 《trancan el juego》: o te arrodillas ante sus estructuras, o te violan tu derecho a ser elegido sin ataduras.
Y así como ese Sanedrín no se ensució las manos y entregó a Jesús ante Poncio Pilato para que el Estado aplicara la fuerza, hoy vemos a grandes intereses corporativos usando los tribunales como su garrote personal para cercenar otro derecho humano innegociable: la libertad de expresión. Esta libertad es la extensión directa de la propiedad sobre nuestras propias ideas. Lo presenciamos recientemente con el creador de contenido Jefté Ventura, a quien se le impuso una fianza de RD$ 1,000,000 tras una querella por cuestionar el octanaje de los combustibles. Aunque nuestro Tribunal Constitucional ha blindado este derecho (sentencia TC/0075/16), el laberinto procesal permite que el poder te tire los códigos encima. Es el sistema advirtiendo: «si ejerces tu derecho fundamental a fiscalizar y tocas mis intereses, te doy 《pa’ bajo》 y te llevo a la quiebra financiera».
Con la condena dictada, al ciudadano le toca echarse el madero al hombro. En el Salmo 30 de la liturgia de hoy, la asamblea clama: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Ese es el grito literal de desesperación del dominicano cuando cae enfermo y choca con el muro de concreto del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). El Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es categórico: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud. Estos tratados tienen rango constitucional en nuestro país (Art. 74.3), y nuestra Carta Magna defiende el derecho a la vida y la salud integral en sus artículos 37 y 61.
Sin embargo, la Ley 87-01 mutó en un monstruo burocrático que urge ser reformulado desde sus cimientos. El afiliado llega a la emergencia y se topa las ARS atrincheradas detrás de un «catálogo de prestaciones» miserable. Te niegan coberturas vitales y te clavan copagos que te dejan 《en la prángana》. Los derechos humanos no se mendigan en una mesa de contables. Esta violación a nuestra dignidad duele aún más al recordar que SeNaSa arrastra los graves ruidos de una presunta estafa de más de 16,000 millones de pesos, un escándalo que nos recuerda cómo los recursos sagrados de los pacientes suelen evaporarse en las sombras del poder.
Aun así, es de rigor y justicia reconocer a quienes hacen de Cirineo en medio del desastre. Hoy, las riendas de SeNaSa están en manos del Dr. Edward Guzmán, quien con buen temple ha tomado iniciativas gerenciales correctas. Un hecho verificable es su gestión para dar cobertura a los niños con autismo, una necesidad crítica históricamente abandonada. Echarle porras a las buenas acciones es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, que un funcionario tenga que buscar un 《bajadero》 y hacer excepciones heroicas para cubrir el autismo, es la prueba reina de que el Sistema Dominicano de Seguridad Social debe cambiar. ¿Debe el derecho humano a la vida y la salud estar sujeto a un pedazo de papel como el catálogo de servicios? ¡Jamás 《coñ…!》 La preservación de la vida no puede depender de si el director de turno tiene buen corazón; la ley debe ser reformulada para que el sistema preserve la salud integralmente, sin que esto represente la crucifixión económica del afiliado.
Finalmente, el viacrucis llega al despojo absoluto. El Evangelio de Juan relata cómo los soldados romanos echaron suertes para repartirse la túnica de Jesús. Ese mismo despojo lo sufre hoy nuestro patrimonio natural. Recientemente, la ONU declaró oficialmente que el acceso a un medio ambiente sano es un derecho humano universal. Violar la naturaleza es violentar el proyecto de vida del individuo. Y la ciudadanía necesita conocer a fondo cómo nos están dejando 《encueros》 con el Cinturón Verde del Gran Santo Domingo, salvaguardado por el Decreto 183-93.
En la zona de Cuesta Brava y Arroyo Manzano, el ecosistema está siendo arrasado por proyectos habitacionales. ¿Cómo lograron perpetrar este crimen ecológico? Voces ciudadanas inquebrantables como Carla Dobleú, junto al rigor técnico del INSAPROMA y la Comisión Ambiental de la UASD, lo documentaron: la constructora presuntamente utilizó una Declaración de Impacto Ambiental ficticia. Presentaron una geología inventada, erradicando un bosque húmedo sin siquiera planificar una planta de tratamiento de aguas. Amparados en el 《tigueraje》 institucional, se están repartiendo nuestras lomas como un botín para que un grupito pueda 《guisar》 a costa del pulmón de la capital y del derecho de las futuras generaciones.
La segunda lectura litúrgica de este día nos habla de un Sumo Sacerdote (Cristo) que se compadece de nuestras debilidades porque él mismo sufrió los abusos del poder. Fue el propio Jesús quien trazó la línea inquebrantable frente a la tiranía: «Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Esa premisa es la base del Estado limitado. Al César se le delega un poder restringido, pero al individuo le pertenece la estricta y absoluta propiedad sobre su vida, su libertad y el fruto de su esfuerzo, que son la base inviolable de todos los derechos humanos.
El Viernes Santo no termina en el sepulcro; su destino innegociable es la Resurrección. Nuestra resurrección como nación llegará el día en que logremos desmantelar el monopolio político que nos secuestra la boleta; cuando reformulemos el Sistema Dominicano de Seguridad Social para que la salud no dependa de un catálogo; y cuando el respeto a la propiedad y los derechos ambientales sea verdaderamente sagrado. Que este día de silencio sirva para renovar la voluntad indomable de bajar al ciudadano, de una vez por todas, de esa cruz.
Reflexión Final
Al final de este viacrucis, la verdadera reflexión de este Viernes Santo nos exige mirarnos en el espejo con honestidad brutal, porque la crucifixión de nuestra institucionalidad no es obra de un solo verdugo. Nos toca asumir un profundo y sincero arrepentimiento a cada uno de nosotros: por las veces que, por comodidad, miedo o simple figureo, hemos guardado un silencio cómplice frente a las injusticias, dejando que otros carguen a solas con el madero del sistema. Pero, de manera ineludible, este es un llamado tajante al arrepentimiento de esa casta política y corporativa que juega a ser Poncio Pilato; aquellos que se lavan las manos en los medios mientras, tras bastidores, exprimen la salud del pueblo, secuestran la democracia y depredan nuestros bosques. El perdón divino y la redención nacional son posibles, sí, pero exigen una enmienda real. Si verdaderamente queremos que la República Dominicana vea la luz de un Domingo de Resurrección, tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual y entender que a Dios no se le engaña con golpes de pecho en las iglesias mientras, en la calle y en el Congreso, seguimos clavando al prójimo en la cruz del abuso y la indiferencia.