Por Ramón Mercedes Aquino.
La promulgación de la Ley núm. 74-25, el 3 de agosto de 2025, representa un hito en la justicia penal de la República Dominicana. Este nuevo Código Penal, que entrará en vigor en agosto de 2026, reemplaza el antiguo régimen de 1884 y se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos. La ley no solo actualiza la tipificación de delitos, sino que también incorpora nuevas figuras penales que responden a las necesidades contemporáneas de la sociedad dominicana.
La clasificación general de los tipos penales en esta ley se divide en tres grandes categorías. La primera abarca delitos contra las personas y la integridad física o moral; la segunda, delitos contra la propiedad y la economía; y la tercera, delitos contra el Estado, la administración pública y el orden social. Esta estructura busca una organización más clara y efectiva en la aplicación de la justicia, facilitando así la labor de los tribunales.
Uno de los delitos más destacados es el feminicidio, tipificado en los artículos 93 y 94. Este delito, que se define como la muerte de una mujer por razones de género, conlleva penas de 30 a 40 años de prisión mayor. Los elementos constitutivos, que incluyen la identificación de la víctima como mujer y la existencia de dolo, permiten a los tribunales competentes, que son los Tribunales Colegiados de Primera Instancia Penal, actuar con rigor en estos casos.
Otra figura relevante es el sicariato, castigado por el artículo 98 del código penal ley 74-25, que se refiere a homicidios cometidos por encargo. La pena para este delito es de 40 años de prisión mayor. La ley establece que la competencia recae en los Tribunales Colegiados Penales, asegurando que se persigan de manera efectiva aquellos crímenes que involucran violencia organizada y contratación de asesinos a sueldo.
Los cibercrímenes, definidos en los artículos 123 Ciber bullying, 198 captación y uso no consentido de datos personales, 197 interceptación ilícita de comunicaciones digitales, art. 200 suplantación de identidad digital, art. 202 fraude informatico, representan un enfoque moderno ante los desafíos de la era digital. Estos delitos, que incluyen el acceso ilícito a sistemas informáticos y el ciberacoso, conllevan penas de 3 a 10 años de prisión y multas que van de 10 a 500 salarios mínimos. La competencia para estos casos corresponde a los Tribunales de Jurisdicción Ordinaria con especialidad en delitos tecnológicos, lo que garantiza un tratamiento especializado.
La corrupción, tanto pública como privada, se aborda de manera integral, en los artículos 284 al 308 del código penal ley 74-25. Este delito se define como el soborno o la ventaja indebida entre particulares o funcionarios y conlleva penas de 5 a 15 años de prisión, además de multas que pueden ser hasta tres veces el beneficio obtenido. Los Tribunales Colegiados Penales son los encargados de conocer estos casos, y en el caso de funcionarios, se aplican jurisdicciones privilegiadas que pueden llegar hasta la Corte de Apelación o la Suprema Corte, según el rango del implicado.
Los crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, están tipificados en los artículos 82, 84, 86 y siguientes. La pena para estos delitos es de 30 a 40 años de prisión mayor, y la competencia recae en los Tribunales Colegiados Penales Nacionales o en la Corte Penal Internacional, si se requiere cooperación internacional. Este enfoque resalta la gravedad de estos crímenes y la necesidad de justicia a nivel global.
La violación sexual, tipificada en los artículos 136 al 139 de la ley 74-25, y se define como cualquier acto sexual sin consentimiento, incluso dentro del matrimonio. La pena oscila entre 20 y 30 años de prisión, y los Tribunales Colegiados Penales son responsables de juzgar estos casos, asegurando así una respuesta adecuada ante este delito tan sensible.
La ley también contempla delitos ambientales, establecidos en los artículos 628 al 635 de la ley 74-25 código penal, que abarcan acciones como la contaminación y la tala ilegal. Estos delitos tienen penas que van de 2 a 10 años de prisión y multas de 9 a 15 salarios mínimos. La competencia para juzgar estos delitos corresponde a los Tribunales Ordinarios Penales, con el apoyo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, destacando así la importancia de la protección del entorno.
En cuanto a delitos como el autosecuestro y la falsa denuncia, , la pena varía entre 2 y 5 años de prisión. Estos casos son conocidos por los Tribunales Unipersonales Penales, quienes deben evaluar la intención de engañar a la autoridad o terceros, asegurando que se mantenga la integridad del sistema judicial.
La obstrucción de justicia, definida como cualquier acto que altere pruebas o impida la acción judicial, conlleva penas de 3 a 10 años de prisión. La competencia para estos delitos recae en los Tribunales Penales Ordinarios, quienes tienen la responsabilidad de mantener la integridad del proceso judicial y garantizar que la justicia prevalezca.
Finalmente, la Ley núm. 74-25 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo que las empresas sean sancionadas por delitos cometidos en su beneficio. Las sanciones pueden incluir multas, disolución y cierre temporal, dependiendo de la gravedad del delito. La competencia para estos casos corresponde a los Tribunales Penales Ordinarios con especialización en temas económicos y corporativos.
En conclusión, la Ley núm. 74-25 representa un avance significativo en la política criminal dominicana. Al tipificar nuevos delitos, aumentar las penas y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar delitos graves y emergentes. Este nuevo marco legal promete un futuro más justo y seguro para todos los dominicanos, reflejando un compromiso claro con la justicia y la protección de los derechos humanos. El articulista es abogado, para comunicarte escribe al correo. ramon1_mercedes@hotmail.com