El juez Rigoberto Sena dictó anoche prisión preventiva para cinco de los 10 imputados de incurrir en sobornos en cinco instituciones del Estado, y arresto domiciliario e impedimento de salida para los otros cinco que negociaron con el órgano acusador.
A prisión preventiva van:
El mayor general (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz, del Ejército; los coroneles activos Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (FAD), por la gravedad de los hechos que se le imputan y el peligro de fuga que representan, dijo el juez.
Bajo arresto domiciliario
Estarán el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal; los coroneles Andrés Pacheco Valera, y Ramón Quezada Ortiz, así como el primer teniente Wellington Peralta Santos.
El juez valoró la disposición de estos a admitir los hechos que se le imputan y a colaborar con el MP en las investigaciones del caso que continuarán.
Reacción del MP
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Anticorrupción, cuestionó la decisión del juez, no obstante haber privado de libertad a todos los encartados y declarar la complejidad del caso.
Se quejó de que desde el Poder Judicial “se predica la teoría, el discurso” sobre la necesidad de que hayan más acuerdos en el proceso penal, “pero desde la práctica se envían decisiones contradictorias que podrían desincentivar la realización de acuerdos por parte del Ministerio Público”.
Dijo que no obstante, el Ministerio Público continuará haciendo acuerdos en la medida que las personas cooperen con la investigación.
“Le seguiremos dando el mismo tratamiento y haciendo acuerdos en este y en todos los demás procesos”, señaló el director nacional de Persecución de la Procuraduría General.