El Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional dictó una medida de coerción contra Raquel Guzmán Torres, acusada de atropellar a Aida Nicole Reyes Gómez el 26 de febrero. La medida incluye una garantía económica de dos millones de pesos y un impedimento de salida del país.
El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Winston Churchill con Ángel Severino Cabral, donde la estudiante de 21 años sufrió un trauma craneoencefálico severo, heridas en la región frontal y una herida en la espalda que, lamentablemente, le causaron la muerte.
La defensa de la víctima solicitó una medida cautelar de privación de libertad, pero la solicitud no fue aprobada. En su intervención, Vicente Reyes, padre de Aida Nicole, destacó la necesidad de reflexionar sobre el manejo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en la recolección de pruebas y en la tramitación de casos similares.
«Teníamos esperanzas, pero sabemos que, por más que los jueces intenten imponer una sanción ejemplar, las autoridades responsables de recolectar las pruebas y hacer su trabajo no lo permiten. Así, ellos estarían impartiendo justicia de forma arbitraria», expresó Vicente Reyes, padre de la víctima.
Reyes también señaló que la falta de una prueba de alcoholemia realizada de manera adecuada dificultó la posibilidad de dictar una medida de privación de libertad para la acusada. Sin embargo, destacó que Raquel Guzmán Torres mostró arrepentimiento durante la audiencia.
«Lo que se busca no es la sanción que le impongan a ella (Guzmán Torres), porque mi hija no me la van a devolver. Lo que intentamos es que se haga justicia y, de alguna manera, sacar valor para exigir un cambio en la forma en que las autoridades manejan estos casos. Nos están viendo como objetos, a los ciudadanos, a los que transitamos por las calles, nos están tratando como cosas», agregó Reyes.