A Rocío del Alba Rodríguez de Moya le impusieron una garantía económica de RD$2 millones en efectivo, grillete electrónico e impedimento de salida del país, mientras que el fallo sobre la revisión de la medida de coerción de Astrid Inmaculada Rydelis Bello quedó reservado para el 9 de octubre de 2026, según información suministrada a El Mundo y sus Noticias.
La variación de la medida de Rodríguez de Moya fue dispuesta ayer, viernes 25 de septiembre, por la magistrada Denia A. Beras de Mota, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, de acuerdo con la información recibida por este medio.
Ambas figuran entre las imputadas del caso Guepardo, relacionado con una presunta estafa inmobiliaria investigada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana.
La acusación presentada en abril de 2026 identifica 426 víctimas y ocho personas físicas acusadas, además de cinco empresas. El expediente reúne más de 1,660 elementos de prueba, entre documentos, peritajes, evidencias materiales y registros audiovisuales, según el órgano acusador.
En cuanto al dinero involucrado, un informe financiero preliminar divulgado durante la investigación situó los fondos presuntamente recibidos por la estructura en US$18,851,583.12, equivalentes a más de 18.8 millones de dólares. Esta cifra corresponde a los hallazgos preliminares y no se presenta como una cuantificación definitiva de las pérdidas de las 426 víctimas.
Sobre las personas privadas de libertad, un reporte del Ministerio Público publicado el 26 de noviembre de 2025 identificaba a siete imputados en prisión preventiva en República Dominicana: Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco, Rocío Rodríguez de Moya, Astrid Rydelis Bello, Samayra del Rosario, Javier Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero. Esa cifra es un antecedente del proceso; no constituye un balance actualizado tras la variación de coerción informada ayer.
Según la investigación, los imputados habrían captado recursos mediante la promoción de proyectos inmobiliarios vinculados a Novasco Real Estate y RE/MAX ONE. Entre las personas afectadas figuran compradores residentes en República Dominicana y en el extranjero.
Al cierre de esta información, no se había confirmado a este medio el cumplimiento de las condiciones impuestas a Rodríguez de Moya ni su salida efectiva del centro penitenciario. La decisión sobre la revisión solicitada por Astrid permanece pendiente para la fecha anunciada.