BAJOS DE HAINA, San Cristóbal.- Las sospechas sobre las actividades que se desarrollaban en la finca donde funcionaba la Fundación Restaurando Vidas, en el sector La Pared, no eran nuevas para residentes de comunidades cercanas, quienes aseguran que el constante movimiento de niños, adolescentes y adultos, unido a las precarias condiciones del recinto, alimentaba desde hacía tiempo las dudas sobre lo que ocurría en su interior.
Vecinos de El Feliciano describieron como inusual el flujo permanente de personas hacia y desde la propiedad, aunque admitieron que desconocían con precisión qué sucedía dentro del lugar. “Todos pensamos siempre que había cosas raras ahí. Pero aún no sabemos si las hubo porque nunca estuvimos ahí dentro. Sí sé que había muchachos de esos que salían a hacer fechorías”, afirmó Juan Carrasco.
La situación adquirió una nueva dimensión el pasado 28 de agosto, cuando un menor de 12 años escapó del recinto y llegó hasta un destacamento policial de Hatillo. Su denuncia desencadenó la intervención de las autoridades, que posteriormente rescataron a 13 menores y arrestaron al presidente de la fundación, Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”.
Capellán es investigado por el Ministerio Público por alegadas agresiones físicas y psicológicas, explotación laboral y presunta trata de menores. De acuerdo con la denuncia del niño, durante su permanencia en el centro habría sido víctima de golpizas, quemaduras, privación de alimentos y obligado a realizar trabajos de carpintería, circunstancias que, según su relato, le impedían asistir regularmente a la escuela.
La defensa de la esposa
Mientras avanzan las investigaciones, Zeneida, esposa de Capellán, rechazó categóricamente las acusaciones y defendió la labor que, según afirmó, ambos desarrollaban en la propiedad.
La mujer sostuvo que su esposo fue detenido luego de acudir en busca del menor que se había escapado y calificó las imputaciones como falsas. Aseguró además que nunca se produjeron hechos como los denunciados dentro de las instalaciones.
Según su versión, los menores llegaban al lugar por decisión de sus propios padres, quienes buscaban alejarlos de situaciones de riesgo y ofrecerles una alternativa de vida. Negó, asimismo, que existieran condiciones de hacinamiento o promiscuidad.
Zeneida explicó que los niños y las niñas permanecían separados y que solo coincidían durante las cadenas de oración celebradas en la iglesia que funciona dentro de la propiedad. También negó que hubiera bebés entre los internos y afirmó que la fundación se sostenía mediante donaciones voluntarias.
La esposa del imputado agregó que la organización estaba registrada como fundación sin fines de lucro y sostuvo que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) tenía conocimiento de su existencia porque, según afirmó, había realizado visitas al centro.
Un recinto de precarias condiciones
La finca se encuentra al final de un camino rural de difícil acceso, rodeada de cultivos de plátanos, en la calle La Feliciana. En la entrada se encuentra la estructura destinada al templo, identificada con el nombre “Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto que Revive”.
El complejo está conformado por varias viviendas construidas con madera y zinc, además de una edificación de concreto de dos niveles. En el lugar se observan espacios destinados al almacenamiento de leña, una cocina y una estructura de madera con sillas que comunica con varias habitaciones equipadas con camas y camarotes, además de dos baños.
Uno de los aspectos que más llama la atención de la infraestructura es la ausencia de verjas, portones u otros mecanismos de control en el perímetro, una condición que plantea interrogantes sobre la seguridad y las condiciones de alojamiento de las personas que permanecían en el recinto.
Investigación en curso
El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que el menor de 12 años lograra escapar y acudiera a la Policía. A partir de su relato, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal y la Dirección de Investigación de Trata y Tráfico de Personas iniciaron las pesquisas.
Las autoridades procedieron al rescate de los 13 menores y trabajan en la evaluación de sus condiciones y testimonios, mientras se determina la responsabilidad que pudiera corresponder a Capellán y a otras personas vinculadas con el funcionamiento del centro.
El proceso judicial se encuentra en una etapa inicial, por lo que las acusaciones formuladas contra el presidente de la fundación deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avance la investigación y el proceso ante los tribunales.