San Cristóbal. Fue aplazada para el próximo jueves 10 de septiembre la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalados por las autoridades por presuntos maltratos físicos y psicológicos contra menores que se encontraban en la Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive.
La suspensión de la audiencia fue solicitada tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados, quienes alegaron la necesidad de disponer de más tiempo para conocer en detalle el expediente y los resultados de las entrevistas realizadas a los niños y niñas vinculados al proceso.
El abogado Luis Carela, representante legal de Capellán, explicó que entre las diligencias pendientes se encuentra la realización de entrevistas mediante Cámara Gesell, procedimiento especializado para escuchar a menores de edad dentro de un entorno protegido.
“Fue aplazada porque el Ministerio Público solicitó la suspensión a los fines de celebrar Cámara Gesell a los niños que fueron detenidos en la iglesia del pastor”, manifestó el jurista.
Carela rechazó los señalamientos formulados contra sus representados y calificó como una “burbuja” las acusaciones de que en el centro los menores eran sometidos a maltratos y trabajos forzosos.
“Vamos a demostrar que eso no es así, esas son burbujas que se están dando, pero en ninguna circunstancia eso ocurrió”, aseguró.
Durante un intercambio con los periodistas, Carela fue cuestionado sobre si la fundación disponía de los permisos correspondientes para operar. El abogado evitó entrar en detalles y sostuvo que ese aspecto será abordado cuando se reanude la audiencia para conocer la medida de coerción.
Por su parte, el abogado Manuel Soto Lara, quien también forma parte de la defensa, argumentó que, en caso de comprobarse que el centro funcionaba sin las autorizaciones requeridas, la situación tendría un carácter administrativo y no necesariamente penal.
“En el caso eventual de que no existiera permiso, eso no constituye una violación a la norma penal, sino un asunto meramente administrativo que se llevaría a sanciones disciplinarias”, sostuvo.
El jurista cuestionó además que las autoridades hayan procedido contra el centro en lugar de procurar la corrección de cualquier eventual irregularidad, al considerar que el establecimiento ofrecía asistencia a sectores vulnerables.
Soto Lara afirmó que el espacio no estaba destinado exclusivamente a niños, sino también a personas de edad avanzada, por lo que consideró que su cierre afecta a quienes recibían atención allí.
El caso comenzó a tomar notoriedad luego de que un menor de 12 años escapara del centro y, acompañado por un adulto, acudiera a una dotación policial ubicada en Hatillo, San Cristóbal, donde habría denunciado que era víctima de presuntos maltratos físicos y trabajos forzosos.
A raíz de la denuncia, las autoridades desplegaron un operativo en el que participaron agentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y unidades especializadas en la persecución de la trata y tráfico de personas.
Como resultado de la intervención fueron rescatados inicialmente 14 menores de edad y detenidas 13 personas. No obstante, la defensa aclaró posteriormente que la acusación específica contra Capellán y Muñoz Rodríguez involucra actualmente a nueve menores.
Soto Lara insistió en que cualquier denuncia de agresión contra un menor debe ser investigada y, de comprobarse, generar las consecuencias correspondientes, pero cuestionó que los señalamientos sean utilizados para justificar el cierre del espacio.
“Si hay un niño que fue objeto de agresión, lo que hay es que deducir las consecuencias de la agresión. Lo que se ha hecho aquí es que esa cuestión, que habrá que investigarla y probarla, se ha utilizado como pretexto para suprimir un espacio a la orfandad y ancianos de nuestro país”, declaró.
El abogado llegó incluso a defender públicamente la trayectoria de Capellán dentro de su comunidad y afirmó que, a su juicio, el proceso judicial permitirá demostrar que los hechos no ocurrieron de la manera planteada por el Ministerio Público.
La audiencia quedó fijada para el jueves 10 de septiembre, cuando el tribunal retomará el conocimiento de la medida de coerción, mientras continúan las investigaciones y las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados.