Por. Ramón Mercedes Aquino
En la República Dominicana, la Ley 33-18 establece un marco normativo claro para la regulación de los partidos políticos y sus actividades, con el objetivo de garantizar un proceso electoral justo y transparente. Sin embargo, el reciente evento llevado a cabo por el partido Fuerza del Pueblo (FP), encabezado por Leonel Fernández, plantea interrogantes sobre el cumplimiento de esta normativa y la integridad del proceso político.
El 30 de noviembre de 2025, FP organizó una marcha que, bajo la apariencia de una protesta social, abordó temas como los apagones eléctricos y el aumento en el costo de la canasta familiar. Si bien es legítimo expresar preocupaciones sobre estos problemas sociales, es fundamental recordar que el contexto actual no permite la apertura oficial de campañas electorales ni la inscripción de candidatos para las elecciones de 2028. Este tipo de manifestaciones, que pueden interpretarse como un intento de posicionamiento anticipado en el electorado, desafía los principios establecidos por la Junta Central Electoral (JCE).
La JCE tiene la responsabilidad de velar por la equidad en el proceso electoral. La realización de marchas que se disfrazan de protestas políticas antes de la apertura formal de la campaña electoral no solo confunde al electorado, sino que también socava la confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad del proceso. Si los números en las encuestas no favorecen a FP, es comprensible que busquen aumentar su visibilidad, pero esto no debe hacerse a expensas de la legalidad y la ética política.
Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que actúe con firmeza y claridad en la regulación de estas actividades. Es vital que se establezcan límites claros sobre lo que constituye una campaña anticipada y que se asegure el cumplimiento de las normativas vigentes. La integridad del proceso electoral depende de la capacidad de las instituciones para mantener el orden y la legalidad en el ámbito político.
La democracia se fortalece no solo a través de la participación activa de los ciudadanos, sino también mediante el respeto a las reglas del juego. Es imperativo que todos los actores políticos comprendan que el verdadero cambio social se logra dentro del marco legal y no mediante actuaciones que puedan interpretarse como intentos de manipulación del proceso electoral.
En conclusión, la JCE debe tomar medidas decisivas para evitar que situaciones como la marcha de FP se repitan, asegurando que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de respeto, legalidad y transparencia. La ciudadanía merece un sistema político que funcione de manera justa y equitativa, donde cada partido tenga la oportunidad de competir en condiciones de igualdad. Para sugerencias y comunicación escribe el correo . ramon1_mercedes@hotmail.com